| En las últimas semanas ha generado preocupación la perspectiva de una recesión en Estados Unidos, comenzando por el significado de este fenómeno. Dada la integración comercial al mercado norteamericano, es comprensible que un panorama en donde por dos semestres consecutivos la economía estadounidense se contraiga cause cierta alarma. Nuestro magro crecimiento económico se pondría en peligro y posiblemente se detendría, perdiéndose con ello empleos bien remunerados y fomentándose la informalidad. Sin embargo, si medio año de adversidad para la creación de empleos es preocupante, ¿qué calificativo merecería una situación que ha dificultado generar puestos de trabajo por casi 60 años? Tal es el caso de la forma en que financiamos nuestra seguridad social. Los innegables beneficios de la seguridad social no pueden ocultar que para muchos trabajadores y empresas representa un elevado costo que prefieren evadir. El asunto no consiste en cuestionar su existencia sino la forma en que se paga por ella y lo que a cambio de tal pago se obtiene. El argumento es simple: con tal de salir de la pobreza muchos trabajadores están dispuestos a sacrificar lo que la seguridad social ofrece; con tal de sobrevivir, muchas pequeñas empresas están dispuestas a sacrificar productividad y crecimiento evadiendo el pago de la seguridad social. Tal situación, sin embargo, puede evitarse si en vez de costear el pago del seguro social con cuotas de trabajadores y empresas éste se financiara exclusivamente con contribuciones gubernamentales provenientes de los impuestos. Por ejemplo, un trabajador que gana dos salarios mínimos en el sector formal, cerca de 3 mil pesos mensuales, “tiene” casi 800 pesos más en contribuciones propias, de la empresa y del gobierno, para acceder a un paquete de prestaciones que incluye seguros médico, de riesgos de trabajo y de vida, pensión, guardería y fondo para la vivienda. Tal paquete es irrenunciable, de forma que no se puede disponer en líquido de las contribuciones, ni siquiera de las propias, en caso de necesitarlas. Desafortunadamente, si el trabajador tiene que sostener a una familia de cuatro miembros, incluyéndolo a él, necesitaría más de 3 mil pesos en efectivo para que su hogar no sufra pobreza alimentaria. En este caso, el trabajador se vería obligado a dejar la formalidad por un empleo que simplemente le permita sobrevivir. Por el lado de las empresas el panorama no es más alentador. Para una empresa formal un trabajador que se llevará a casa 3 mil pesos le cuesta al menos mil pesos más si contabiliza lo que debe contribuir al seguro social, los impuestos locales a la nómina y los posibles gastos de liquidación por despido. Nuevamente, estos costos son ineludibles no sólo debido a la porción de impuestos, sino porque no es posible sustituir el pago a la seguridad social por algún seguro privado o los pagos de liquidación por algún seguro de desempleo. Además, las sanciones por incumplimiento, en caso de ser descubierta, son considerables. Sin embargo, una pequeña empresa en apuros financieros puede intentar contratar trabajadores sin pagar prestaciones manteniendo un perfil bajo, es decir, no creciendo. El mecanismo para que la pobreza se perpetúe en empleos informales de empresas pequeñas con baja productividad está con nosotros desde décadas atrás y no se irá cuando la recesión de Estados Unidos termine: trabajadores buscando mayores remuneraciones líquidas aceptarán recibir un poco más de lo que les paga un empleo formal por parte de empresas agobiadas por los costos de la legalidad y dispuestas a estancarse para no exponerse a ellos. La consecuencia es funesta no sólo por los millones de trabajadores sin derecho a la seguridad social, sino también por el freno que este esquema representa para el crecimiento económico y la generación de mejores empleos. Sin embargo, tal situación no es una fatalidad, pues la política social puede ser redirigida. Una más justa y eficiente cobertura de la seguridad social requiere reconocer que ésta es un derecho de todos los ciudadanos y no sólo de aquellos que tienen la fortuna de tener un empleo formal. Más importante es que el costo completo de la misma debe recaer en el gobierno, mediante impuestos, y no en los trabajadores o las empresas. Aunque finalmente los recursos para pagar la seguridad social deben salir de algún lado, es muy diferente que los trabajadores y empresas contribuyan a ella mediante impuestos no asociados específicamente a las contrataciones que si perciben que por ser o emplear trabajo asalariado hay un costo directamente asociado a ello. De esta forma, habrá menos incentivos a evadir la formalidad y evitar la visibilidad que da el crecimiento de una empresa. La presente administración tiene la oportunidad de tener como sello distintivo una política social basada en derechos sociales universales que se hacen efectivos mediante un eficiente financiamiento de la seguridad social. Si no aprovecha esta coyuntura quizás cargue hasta el final con la imagen de sólo haberse concentrado en los problemas de seguridad pública. Un gobierno policía dejaría abierta la puerta, en el futuro, a uno con una visión de lo social más profunda y ambiciosa. rodolfo.delatorre@prodigy.net.mx Director de la Oficina del Informe Nacional de Desarrollo Humano |
