| La privatización neoliberal de Pemex parece haber entrado en un compás de espera en el cual es deseable aclarar la nociva política de manejar el excedente de explotación de un recurso no renovable —que constitucionalmente pertenece a la nación y para cuyo manejo e industrialización se fundó Pemex como organismo público descentralizado— como fuente ordinaria de recaudación, que ya representa 40% de todos los impuestos y derechos que recibe la Secretaría de Hacienda. El debate debe ir más allá de la propiedad del hidrocarburo, pues el pueblo acepta que este recurso sea propiedad de la nación y que obviamente debe ser explotado en su beneficio. Los neoliberales afirman que no se tocará la Constitución. Sin embargo, la privatización la llevan a cabo en el proceso de operación y manejo de Pemex, pues en la actualidad la industria petrolera, aun teniendo abundancia de materia prima, no satisface la demanda de gasolina (importamos 40%), ni la de productos petroquímicos (importamos 45%), gas y fertilizante. El debate va más allá de la propiedad de los hidrocarburos hacia su manejo e industrialización con la participación de las corporaciones privadas y el peligro de otra desnacionalización como ya ocurrió con la banca. La manzana de la discordia es la gigantesca renta petrolera, o sea, la diferencia entre los ingresos de Pemex y sus gastos de operación (incluidos la amortización del equipo), que representó 5% de los ingresos ordinarios del gobierno en 1970; 18% en 1980 y actualmente cerca de 38%. El sentido común y una política nacionalista indicarían que la renta petrolera debería destinarse ante todo al fortalecimiento de la empresa e industrialización del recurso, a la investigación y desarrollo tecnológico de fuentes alternas y al apoyo de la industria nacional a través toda la amplia gama de bienes y servicios que demanda el sector en sus fases de exploración y explotación, de refinación y de gas, petroquímica básica y secundaria, y de almacenamiento, transporte y distribución. Sin embargo, la industrialización de los hidrocarburos ha sido obstaculizada por los gobiernos neoliberales, en especial el de Carlos Salinas, al fraccionar Pemex en cuatro subsidiarias (Exploración y Producción; Refinación; Petroquímica Básica y Gas, y Petroquímica) para darle prioridad a la exportación de petróleo crudo y obtener divisas sin considerar las necesidades de la industria y la población nacionales. El lamentable resultado es que ahora tenemos un Pemex fraccionado con un cuestionable manejo de precios internos, sus mejores cuerpos técnicos jubilados o despedidos y el país convertido en importador de refinados, mientras la Secretaría de Hacienda se ha apropiado cómodamente de la renta petrolera y se ha evitado la tarea de realizar una verdadera reforma tributaria sobre las personas de altos ingresos que detentan una alta proporción de la renta nacional. Los gobiernos neoliberales, en vez de utilizar la renta petrolera (que aumenta pari passu con el precio del petróleo crudo) para financiar la industrialización de Pemex, utilizaron los Pidiregas, porque Pemex es mejor sujeto de crédito que el propio gobierno federal. La deuda Pidiregas creció durante el régimen de Fox desproporcionadamente y probablemente ahora “los mercados” no sólo demanden la sangre, sino también la carne y de ahí la premura de vender y no sólo de pedir prestado. Ya se recurre a empresas extranjeras como el contrato adjudicado por Pemex a la compañía texana EMS Maintenance Services Group y su subsidiaria para que intervenga durante 10 años en la planeación, dirección, ejecución y control de la operación, mantenimiento y construcción de las instalaciones de bombeo y ductos ubicados en Chiapas, Tabasco y Veracruz. Con este sistema se está cediendo a los extranjeros el manejo y control de la parte más delicada del sistema, “las venas” del transporte nacional de hidrocarburos. Aún más, si deducimos los derechos e impuestos sobre hidrocarburos de los ingresos ordinarios del gobierno federal, aparece un déficit presupuestal equivalente a 3.5% del PIB en 2006. Sin la renta petrolera el gobierno federal tendría un desequilibrio que contraviene el Consenso de Washington y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que lo obliga a mantener un presupuesto equilibrado. Así el gobierno federal aparenta tener sus cuentas balanceadas, aun con el derroche de la renta petrolera en gasto corriente y en el cual el renglón sueldos y salarios de los altos funcionarios es incluso mayor que en los países industrializados. Presidenta del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista |
