| Razón de los campesinos De acuerdo con la metodología y las más recientes cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los apoyos totales a la agricultura representan 40.4% del valor bruto de la producción agropecuaria en Estados Unidos, mientras que en México apenas representan 21.2% (OCDE, Agricultural Policies in OCDE Countries. Monitoring and Evaluation 2007). Frente a esta realidad, el secretario de Agricultura en México, Alberto Cárdenas, ha reconocido que “jamás alcanzaremos la billetera de Estados Unidos en lo que a subsidios al campo se refiere; pero —dijo— acá hay mucho corazón” (EL UNIVERSAL, 01/I/08). A su juicio, para “ganar la batalla” agrícola “hay que irnos al ataque, meter goles, no estar en el juego acá en nuestra cancha, aguantando el bombardeo de tiros” (ídem). Así, Alberto Cárdenas evidenció, una vez más, que tratándose de estrategias entiende tanto de agricultura como de futbol: nada. Al parecer, sería preferible que el presidente Calderón nombrara secretario de Agricultura a Hugo Sánchez, quien no conoce de agricultura, pero al menos sabe que una exitosa estrategia no se limita a la consigna simplista de llevar el juego a la cancha del adversario. En general, la superioridad de Estados Unidos sobre México en política agrícola es apabullante: si ese país logró convertirse en la primera potencia agropecuaria del planeta, ha sido gracias a su perseverante política de fomento, cuyo origen se remonta a la Ley Morrill de 1862 (que creó las instituciones de educación, investigación y extensionismo diseminadas en la campiña estadounidense); y cuya conformación integral culminó con la Farm Bill de 1933, que estableció el sistema de precios de garantía o soporte para los principales productos agropecuarios, otorgando certidumbre a la producción agropecuaria y favoreciendo así la capitalización y tecnificación de las granjas. De allí las enormes asimetrías en desarrollo tecnológico entre Estados Unidos y México, apabullantes desde antes del TLCAN. Además, la provisión de recursos naturales por trabajador agrícola —en cantidad y calidad— es también abrumadoramente superior en el vecino país del norte. El resultado agregado son las enormes brechas en productividad (véase nuestra entrega del 10/I/08). Por eso, cuando apenas comenzaban las negociaciones del TLCAN advertimos: “No podemos razonablemente pensar que lograremos en un futuro previsible la equiparación en tecnología y productividad con nuestros vecinos del norte (…). De igual modo, es ilusorio suponer que México puede ganar a EU una guerra de tesorerías, es decir, de subsidios al campo” (J.L. Calva, Probables efectos de un Tratado de Libre Comercio en el campo mexicano, México, Fontamara, 1991). El destino nos alcanzó. Actualmente, hasta el Banco Mundial reconoce que el sector agropecuario de México “no está preparado para la competencia que se aproxima bajo el TLCAN”. “Este sector —admitió— ha sido objeto de las reformas estructurales más drásticas (…) pero los resultados han sido decepcionantes: estancamiento del crecimiento, falta de competitividad externa, aumento de la pobreza en el medio rural” (BM, Estrategia de asistencia para el país 2002, Informe 23849-ME). En otro documento, el propio BM identificó “las condiciones desiguales de competencia que enfrentan los campesinos mexicanos en la mayoría de las cosechas, respecto a sus vecinos del norte”. A su juicio, estas asimetrías derivan de “los niveles de dotación más deficientes (en México) y los extensos programas de subsidios agrícolas que se aplican en Estados Unidos” (BM, Generación de ingreso y protección social para los pobres, 2005). Sin duda, los reconocimientos se agradecen, aunque no cubren los costos del experimento neoliberal. Esta es la razón por la cual los campesinos volverán a manifestarse en la capital de la República, refrendando su demanda dual de renegociar el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de instrumentar una política integral de fomento agropecuario. Más vale atender sus legítimos reclamos, no sólo para devolver la esperanza a los pobladores rurales, sino también para dinamizar la producción interna de alimentos e insumos agropecuarios, haciendo factible que el campo mexicano cumpla sus relevantes funciones en el desarrollo económico de la nación. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM |
