| En 12 años se han gastado aproximadamente 7 mil millones de dólares en seguridad pública. Para 2008 el dinero proveniente del Congreso de la Unión para combatir la inseguridad “equivaldrá prácticamente a la mitad del gasto educativo” (Zamarripa, Reforma, 14 de enero de 2007). Empero, los estudios independientes, la evidencia empírica y los documentos oficiales no muestran resultados satisfactorios. El presidente Calderón nos informa en su programa sectorial que las leyes en la materia son caducas, las policías aún no se coordinan adecuadamente, el modelo policial es vulnerable a la infiltración del crimen organizado y la ausencia de protocolos y procedimientos de operación policial homogéneos ha favorecido a la delincuencia y se manifiesta en la desarticulación de la actuación policial. Reconoce así de manera implícita que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no ha funcionado para lo que fue creado. Verificada la ineficiencia e ineficacia de ese gran aparato burocrático, la cual es responsabilidad de todos los que participan en él, viene la decisión que complace: mucho más dinero. “Del Presupuesto Federal los recursos para seguridad pública a ser ejercidos localmente en 2008 se incrementan en más de 90% respecto a 2007”, nos avisó Calderón en la sesión del 9 de enero pasado del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ninguna empresa privada pone más dinero donde no ha conseguido resultados favorables. ¿El Estado lo hace? Una empresa decide bajo criterios de rentabilidad económica, el Estado en cambio aplica criterios políticos y técnicos. En nuestro tema, ¿cuáles pesan más? Desde lo político es imposible decir que no se requieren más recursos para la seguridad. En términos técnicos las cosas son muy distintas. En el caso de la policía se ha comprobado en estudios a lo largo del mundo que ella siempre pide más, aunque eso muchas veces nada tenga que ver con su carga de trabajo y con los resultados (Bayley, 2006). Asignar más recursos a la seguridad es una posición política rentable por sí misma, con o sin resultados verificables. ¿Qué espacio tiene el soporte técnico de la decisión? El tema es difícil desde el punto de vista metodológico; expertos en todo el mundo se rompen la cabeza para diseñar buenos instrumentos para evaluar proyectos de seguridad ciudadana; ¿cuántos hacen lo propio en las estructuras de las tres esferas de gobierno en México? Si podemos leer en el programa sectorial federal 2007-2012 que las policías siguen haciendo las cosas mal a lo largo del país, entonces no sólo es lógico sino obligado exigir que se explique a la sociedad por qué estos recursos sí van a funcionar, cuando los anteriores no lo hicieron. Si existen criterios técnicos sólidos, distintos a los anteriores, llévense a la arena pública. Si los titulares de los ejecutivos tienen nuevas ideas y no van a seguir gastando de la misma manera, infórmenlo. El sector especializado independiente ha cuestionado con sólidos argumentos las fórmulas y prácticas de asignación de recursos. Más dinero no es la novedad, la innovación estaría en la forma de gastarlo. ¿Cuál es el filtro de racionalidad técnica que convenció a todos de escalar aún más los recursos? ¿Alguien puede responder? Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC | 
