| Nuevamente nos sorprenden y atemorizan las noticias sobre los actos de violencia perpetrados por el crimen organizado en los últimos días. Más de 100 actos criminales en lo que va de 2008. Sin duda el hecho más difundido y comentado fue el de la balacera de Tijuana, el jueves. Más de tres horas de intercambio de fuego entre policías municipales y federales y presuntos sicarios del narcotráfico. El resultado: cuatro policías heridos, un presunto delincuente muerto y cuatro detenidos. En el inmueble en el que se habían parapetado se encontró a seis hombres ejecutados. Pero este es sólo el más llamativo. La lista es larga: Esta semana en Baja California y Sinaloa fueron ejecutados tres jefes policiacos, la esposa y la hija de uno de ellos. El miércoles un grupo armado ejecutó al director de la policía municipal de Tulancingo, Hidalgo, José Luis Alvarado Mayorga, que había sido colaborador cercano del extinto secretario de Seguridad, Marcos Manuel Souberville González, acribillado el 19 de septiembre de 2007. En Oaxaca, una mujer y sus cuatro hijos menores de edad fueron asesinados a balazos mientras dormían dentro de su domicilio en Santa María Cortijo, perteneciente al distrito de Jamiltepec, ubicado en los límites con Guerrero. A todo esto se suman otros homicidios perpetrados presuntamente por la delincuencia organizada en Coahuila, Baja California, Tabasco, León y Sinaloa. Producto de estos hechos, las pantallas de los noticiarios se llenaron de sangre, el sonido de los disparos inundó el espectro radioeléctrico y las palabras crimen, asesinato, secuestro, muerte, ejecución, detención, aseguramiento o tiro de gracia se repitieron sin cesar en las crónicas y notas periodísticas de todos los medios. Aunque también se informó de algunas medidas adoptadas por el gobierno federal para hacer frente a esta nueva ola de violencia, éstas no fueron destacadas, tal vez porque resultan insuficientes para tal fin. Por ejemplo, el miércoles el gobierno federal integró la primera fase del operativo Noreste, en el que participarán la Secretaría de Seguridad Pública federal, las corporaciones policiales de 10 municipios y las fuerzas estatales de seguridad de Tamaulipas. Al día siguiente, la Armada de México informó haber reforzado operativos por tierra, mar y aire en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. El miércoles se dio a conocer también una noticia que pasó casi inadvertida. Seguramente en los próximos días se darán los análisis sobre el proyecto Gunrunner que los gobiernos de Estados Unidos y México pusieron en marcha para detener el tráfico de armamento, cada vez más poderoso, a nuestro país, que va a parar, se dijo, a manos de los narcotraficantes mexicanos. Es importante mencionar que el proyecto Gunrunner incluye también la asignación de agentes especiales de Estados Unidos a territorio mexicano para el combate de ese delito. El procurador Eduardo Medina Mora reconoció que el tráfico de armas da a la delincuencia organizada un considerable poder de fuego que deriva en asesinatos de policías y agentes de seguridad y procuración de justicia en nuestro país, como ha quedado evidenciado en los últimos días y años. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos reconoció la responsabilidad de su país en el flujo ilegal de armas a México y se comprometió a colaborar con el gobierno de nuestro país para detenerlo. Al día siguiente de haberse anunciado la puesta en marcha del proyecto Gunrunner, fuerzas de élite del Ejército tomaron el control de los puentes internacionales en Tamaulipas y desplazaron, de forma sorpresiva, a los elementos de inspección de aduanas. La difusión de noticias sobre los actos de violencia perpetrados por la delincuencia organizada puede ser utilizada por éstos para el envío de mensajes entre los diferentes grupos, además de que contribuye también a sembrar el terror entre la sociedad, que impotente ve que el poderío económico y la capacidad de fuego de los grupos delincuenciales supera al de las instituciones del Estado encargadas de combatirlos. El dilema en el que se debaten los periodistas y los propietarios de los medios está entre informar con detalle de estos actos delictivos, con sus adversas consecuencias, o no informar para evitar alentarlos con la difusión de sus mensajes, ocultos unos y abiertos otros. No es un dilema de fácil solución, por ello se impone una profunda reflexión sobre la responsabilidad social de los medios en este asunto. Periodista | 
