| La lucha por los ideales de libertad e igualdad tiene como referente obligado las ideas de la Ilustración surgidas en el siglo XVIII en Europa, presentes en la Revolución Francesa (donde se origina la designación política de derechas e izquierdas) y después en las guerras de independencia de América. En México, la independencia de España permitió instaurar un gobierno propio, no sin innumerables sacrificios y pérdida de vidas. Sin embargo los ideales de libertad e igualdad permanecieron incumplidos, a pesar del rango jurídico que les otorgaron las constituciones de 1824 y 1857. No fue sino hasta la Constitución de 1917, vigente a pesar de múltiples modificaciones y adecuaciones, que se instauró un estado de derecho con amplios poderes para intervenir en la economía, asegurar las libertades individuales y lograr con la participación de amplios grupos sociales y un partido político dominante una mejoría en el nivel económico, social y cultural del país. Preocupaciones fundamentales de los gobiernos electos bajo la Constitución de 1917 fueron el reparto de la tierra y el desarrollo de la agricultura, la industria y el sector energético. También fue objeto de atención prioritaria la educación en todos sus niveles, desde básica hasta superior, técnica y científica, así como la creación de instituciones de financiamiento del desarrollo en una economía mixta (de mercado, social y pública) con la creación del Banco de México y de una banca nacional. Este desarrollo, modulado por los cambios políticos y la economía internacional, con la cual siempre hemos estado vinculados, requirió un Poder Ejecutivo fuerte. La etapa desarrollista terminó en 1982, al estallar el conflicto de la deuda externa que puso en jaque no sólo a México sino a todos los países de América Latina. Desde el inicio del decenio de los 50 y terminada la Segunda Guerra Mundial, una creciente clase media informada cuestionaba los resultados del sistema presidencialista con evidentes manifestaciones de inconformidad en torno al problema de la desigualdad en la distribución de los beneficios. El país requería de una democratización para superar, mediante el uso del sufragio universal, un sistema de poder que había provocado una desigual distribución del ingreso. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y muchos otros dirigentes políticos y sociales que habían participado en las luchas populares del país y del continente intentaron, mediante una nueva corriente política, conjugar la democracia política con la justicia económica y social en las elecciones de 1988. Como respuesta al fraude electoral se crea el PRD en 1989. Los poderes fácticos, con la firma del Tratado del Libre Comercio de América del Norte y bajo las presidencias de Salinas y Zedillo, prepararon la derrota del viejo PRI para permitir el ascenso del PAN y sus actuales mandatarios. El PRD ha adquirido una creciente importancia en el escenario político nacional, a pesar de que nuevamente le fue negado el triunfo presidencial en 2006. Ante el nuevo gobierno de facto, las fuerzas progresistas y nacionalistas se han aglutinado en el Frente Amplio Progresista (FAP), que incluye asociaciones políticas, civiles, profesionales y destacados miembros de la sociedad en lo individual. Porfirio Muñoz Ledo ha asumido la coordinación política del FAP, lo cual ha dado lugar a críticas interesadas que tratan de descalificarlo para una labor en la cual, por el contrario, tiene amplios merecimientos y calificaciones. Porfirio colaboró con un mexicano ejemplar en el campo de la educación pública y de las relaciones exteriores como lo fue Jaime Torres Bodet; posteriormente, como secretario del Trabajo con el presidente Luis Echeverría, logró la más amplia participación de los trabajadores en el ingreso nacional; como embajador ante la ONU (1979-1985) presidió el Consejo de Seguridad y contribuyó a consolidar el Grupo de los 77 países en desarrollo. Porfirio tuvo una participación política de alta calidad cuando, en 1988, ingresó por primera vez la oposición al Senado, y posteriormente, en la 57 Legislatura en la Cámara de Diputados, al contestar el informe presidencial. Su experiencia parlamentaria lo hizo consciente de la necesidad de impulsar el ambicioso proyecto de la reforma del Estado, imposible de llevar a cabo con los gobiernos del PAN. La lucha por la libertad y la igualdad necesaria para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos no ha terminado; urge continuarla con el concurso de todos. Presidenta del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista | 
