| Hace 40 años, al despuntar 1968, casi todo el espacio público del país estaba controlado por el régimen político de aquella época. Los partidos no existían como tales, porque no había una verdadera competencia por el poder; los medios de comunicación debían rendirse a las líneas editoriales y aceptar la censura del régimen; y los empresarios, que siempre hubo, hacían fortuna entre los favores de los políticos y su corrupción propia, en un mercado nacional dirigido desde el gobierno. Octavio Paz todavía no renunciaba a la embajada en la India, y los académicos e intelectuales debían pensar y escribir, salvo contadísimas excepciones, como en sordina. A cambio, se hablaba del milagro económico mexicano, había educación pública en serio y las ciudades (que no el campo) prometían futuros de clase media para quienes quisieran buscarlos. Todo bajo el signo del espacio público controlado por ese régimen. Las cosas comenzaron a cambiar a partir de aquel año. La apertura y la liberalización (como se dice en la jerga de la ciencia política) ganaron tanta importancia como dramatismo después del 2 de octubre de ese año, pero habrían de pasar otros 20 años para empezar a hablar de la posibilidad objetiva de construir un nuevo régimen democrático. Para quienes nacimos en los 60, ese proceso ha sido el escenario y el entorno en el que hemos vivido: crecimos con un régimen que dejó de ser, pero todavía no acabamos de envejecer con un nuevo régimen que ya sea. Conocemos y hemos vivido en carne propia muchos de los rituales, los modos y hasta las frases del sistema político que nos vio nacer, y sabemos reconocerlos. Y aunque todavía nos debe quedar vida (estadísticamente, 30 años más) para verlos pasar, lo cierto es que siguen entre nosotros. Casi todo ha cambiado, menos lo más importante: que el espacio público sigue bajo el control principal de unos cuantos. Sigue sin ser realmente público, a pesar de todo. Nadie podría objetar que el régimen anterior ya no existe. Cambiaron los equilibrios de antaño, las reglas del juego y la mayoría de los dueños del poder y el dinero (aunque algunos simplemente heredaron), y la pluralidad de opiniones y de visiones del mundo se fue imponiendo sobre la versión única, vertical y maniquea de los años 60. Pero al formar los atisbos del nuevo régimen que ahora mismo estamos imaginando, se nos colaron muchas de las viejas costumbres, incluyendo la idea de los mandos estelares, cerrados y exigentes (Samuel Ramos decía que eso nos viene de la Colonia), y en algún punto perdimos el propósito de inventar un espacio público que no estuviera secuestrado, casi completamente, por los ricos y los poderosos. Sin demagogia: espacios de decisión y de acción propios de los ciudadanos, para hacer cualquier cosa, que no dependan siempre e invariablemente de la autorización definitiva y ceñuda de alguien al mando, a cambio de los favores que han de ofrecerse. En 40 años, cambió casi todo, menos el secuestro obstinado del espacio público en el que se desarrolla la vida de la gente común y corriente. Por supuesto, el correlato de esa nueva versión del régimen es la complicidad pragmática de quienes lo apoyan, hasta convertirlo en un sistema social y en una cultura, mientras que su degradación más lamentable está en las multitudes que simplemente lo eluden, sin más causa que la supervivencia propia, a través de la informalidad, el narcotráfico y la delincuencia común: otras formas, casi siempre violentas, de participar del secuestro del espacio público que cambió de dueños durante los últimos 40 años. Pensándolo con cuidado, y aunque sea indispensable combatirlos pues en ello nos va la paz cotidiana, cuesta trabajo pasarles demasiados reproches. Varios millones se han ido del otro lado, pero otros decidieron quedarse a saltar las fronteras dentro del territorio. Y sin espacios públicos disponibles, esa amenaza promete ser cada vez más tangible, más numerosa, más cruel. En el fondo, hacen lo mismo que los más poderosos: velan por su bienestar propio, sin ocuparse de los demás. La diferencia, como siempre, está en la valoración del secuestro según el rango y los recursos de quien lo comete: los medios de comunicación pueden seguir cerrando espacios de opinión pública libre, o callar una voz necesaria, o imponer una versión falsa de una situación pública, o pelear obstinadamente por las ganancias perdidas en los futuros procesos electorales, o imponer preferencias políticas a través de sus líneas editoriales, sin mayor consecuencia. Del mismo modo que los dirigentes de los partidos pueden disponer de la ley, o incluso incumplirla según sus intereses más inmediatos, siempre que lo hagan de común acuerdo y en nombre de los ciudadanos que cada día los miran con mayor desconfianza. De lo que se trata, en esa lógica compartida, es de asegurarse el sitio ganado como si fuera propio, excluyente de cualquier incursión ajena y amenazante, aunque esa amenaza nazca de la idea de defender el espacio público (o precisamente por eso), para que algún día el régimen deje de confundirse con una democracia de turnos (ayer te tocó a ti, ahora me toca a mí: ¡quítate!)), y pueda afincarse en reglas y prácticas comunes, respetables, verificables y cumplidas por la gran mayoría, cuyo propósito es hacer viable la convivencia. El espacio público, pues, que no puede ser de nadie porque ha de pertenecer a todos. Incluso para que los conflictos tengan verdadero sentido, y no sean sólo una larga secuencia de arrebatos privados. En 2008 se cumplirán 40 años del momento en que comenzaron los cambios políticos en el país. De modo que tiene sentido preguntarse si, durante este largo trayecto, no hemos perdido de vista lo más importante. Si la pluralidad ha significado algo más que una nueva forma de distribuir el poder entre varios, que se pelean entre sí, mientras los demás nos refugiamos y seguimos peleando en donde se pueda (y mientras se pueda), si no queremos rendirnos con mansedumbre ante la fuerza de nuestros captores. Profesor investigador del CIDE |
