Editoriales

Coahuila ha sufrido en los últimos tiempos la embestida de cuatro calamidades que, lejos de ser fortuitas, eran evitables y que han cobrado no sólo severos daños económicos y ecológicos irreversibles, sino, sobre todo, vidas humanas de trabajadores (hombres y mujeres), cabezas de familias que han quedado en el desamparo y en la desolación frente a la injusticia que tales actos criminales significan y ante los cuáles no hay autoridad que responda.

Empezó la mala racha en febrero de 2006, cuando el gas acumulado en el interior de la mina de cobre en Pasta de Conchos, municipio de Sabinas, explotó simple y sencillamente porque la empresa, Grupo Minero México, no había observado los dispositivos de seguridad necesarios y las autoridades federales del trabajo no habían obligado al consorcio minero a cumplirlos. Sesenta y cinco mineros quedaron sepultados y sufrieron la falta de oxígeno en el interior del túnel. A la fecha, viudas, hijos, hermanos, padres, etcétera no han podido ni siquiera recibir los cuerpos de sus seres queridos.

Siguió la ignominia de una violación tumultuaria a 11 mujeres del municipio de Castaños por parte de una turba de soldados que tenían la encomienda de custodiar los paquetes electorales, y que cegados por la droga y el alcohol atacaron a las mujeres y a la fecha sólo tres de los 14 autores han sido sentenciados en primera instancia.

Continuó el desastre cuando una pipa sobrecargada de sustancias que son ingredientes para la elaboración de la dinamita estalló en la carretera a Cuatrocienegas a la altura del municipio de Nadadores, demoliendo a su paso cientos de viviendas y dejando un saldo de más de 30 muertos y 300 heridos que sufrirán discapacidades por el resto de sus vidas. A la fecha, ni de la responsabilidad de los concesionarios del transporte que circulaba sin patrullaje en carretera angosta, ni de la indemnización y la reparación de daños se sabe mayor cosa que la exigencia de las autoridades del estado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se cumpla con la ley en la materia.

El último de los casos catastróficos ha sido el que apenas el 20 de diciembre ocurrió y que era previsible. El macrobasurero de residuos peligrosos y de alta toxicidad de Ramos Arizpe se incendió, causando la emanación de gases en volúmenes incuantificables durante seis días. La advertencia que desde hace dos años —cuando se autorizó por la Semarnat la ubicación del confinamiento— hicieron los ciudadanos y ejidatarios de la región respecto al riesgo inminente de este desenlace resultó cierta.

El engaño al pueblo diciendo que se trataba de un centro de reciclamiento de desechos industriales y no un vulgar basurero quedó al descubierto, y la contaminación y los efectos del ecocidio ocurrido en la atmósfera y desde luego en las tierras y en las aguas subterráneas se extenderán hasta lejanos sitios. El incumplimiento de la Ley de Protección al Medio Ambiente es manifiesto sin que las autoridades federales den la cara frente a la tragedia.

En todos estos dramáticos sucesos, al lado de las víctimas siempre ha estado el obispo de Saltillo, don Raúl Vera, al igual que lo estuvo en Guerrero y en Chiapas cuando ocupó igual cargo en esas entidades donde sobre todo indígenas eran objeto de toda clase de abusos y crímenes todavía impunes (recuérdese Acteal). Es obvio para nuestra desgracia nacional que tanto antes como ahora don Raúl Vera y don Samuel Ruiz han sido víctimas, junto con sus principales colaboradores, de amenazas y atentados, como lo está siendo en éstos días en las oficinas de la Pastoral de la Defensa de los Derechos Humanos en la diócesis de Saltillo, que fue asaltada y su titular, la licenciada Mariana Villarreal, sometida por horas a secuestro.

El acto de reconocimiento a esta labor humanitaria que el martes 11 de diciembre le hicieron diversos organismos no gubernamentales a Don Raúl, en la casa Lamm de la ciudad de México, logró que los testimonios que oímos de migrantes, indígenas, viudas, campesinos pobres, etcétera nos revelen con claridad la vocación evangélica auténtica de un defensor de la verdad que entiende el verdadero sentido de la Navidad y no sólo mitiga el dolor de los perseguidos, sino exige con valentía la vigencia de la justicia para que cesen las atrocidades de un sistema político y social inhumano.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM