| Siete millones de personas viven las fiestas de fin de año entre pinos de navidad de hasta 27 mil pesos; al mismo tiempo, en el mismo país, una población casi cuatro veces mayor —44 millones— tendrá suerte si consigue alimentos con qué celebrar estas fechas. Estamos hablando de México, uno de los lugares en donde las diferencias entre el 10% más rico de la sociedad y el resto de los sectores sociales son mayores. Más allá de los estudios de las Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo que lo demuestran, cualquier persona puede constatarlo con la realidad. Exportamos al vecino país del norte a miles de personas que no pueden sostener un hogar de manera digna mediante un empleo formal mientras importamos de ese mismo destino artículos de lujo para gente acaudalada. El año que termina fue paradigmático en ese sentido por la llegada de marcas como los autos Bentley —con un valor superior a medio millón de dólares— o la tienda Saks proveniente de Nueva York y cuya única sucursal fuera de Estados Unidos y dos naciones de Oriente Medio se encuentra en la ciudad de México. Muchos son los factores que explican la disparidad. Al menos 85 programas sociales del gobierno federal —entre ellos los de combate a la pobreza— son deficientes de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Aunque la mala distribución en el ingreso no tiene que ver sólo con lo que el gobierno hace, o hace mal, sino con lo que no hace. Nulo o escaso poder de intervención tienen los órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia en contra de los monopolios, fenómeno que ha sido responsabilizado por la falta de competencia y de frenar el desarrollo, lo que ayuda a generar iniquidades. No es, por supuesto, la única debilidad del diseño institucional. Aún carecemos de una política fiscal y taxativa que aminore el desequilibrio y estimule el crecimiento, y nos faltan, como sociedad, discusiones en otros temas de fondo que nos permitan, por citar uno de estos debates nonatos, establecer la pertinencia de comenzar a gravar las utilidades en el mercado bursátil, como ya sucede en otros países. Muy pocos deben sentirse satisfechos hoy en día, incluido el gobierno federal, por vivir en un sistema que sólo ha producido desigualdad en las últimas décadas, lo que produce crecientes tensiones en la sociedad, y una molestia explícita y reflejada en distintos campos de una vida nacional polarizada. Ser pobre en México no es sólo una categoría económica, sino una clasificación que está llena de externalidades. Por ejemplo, si una persona de clase baja o media cae en la cárcel, la justicia no se aplica bajo el mismo criterio de una persona pudiente. En materia de educación, la brecha entre los niños mexicanos se puede leer en el nivel de ingresos de sus padres. Pero la discusión sería maniquea e inútil si se centrara en el anacrónico debate de ricos contra pobres. No se trata de fustigar a quienes más tienen, porque la desigualdad económica no tiene como origen el esfuerzo de quienes más ingresos han acumulado con el tiempo, sino en la falta de una visión de Estado de largo plazo y políticas públicas que nos permitan caminar hacia un país que no nos genere dolor ni rencor, como todavía, lamentablemente, sucede. | 
