| En menos de dos semanas llegará lo que ya se veía venir desde el momento en que se pactó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. Si bien las condiciones son diferentes a las que prevalecían cuando se firmó el tratado, los distintos gobiernos mexicanos, incluyendo el que lo firmó, poco hicieron para lograr la famosa reconversión del campo mexicano, cuando se consideraba que sería uno de los sectores productivos más afectados. Pasaron los años y los gobiernos priístas y panistas no hicieron caso de la necesidad de atender al campo, ante la apertura que tendremos a partir del primero de enero de 2008. Hoy ya la fecha está encima y leemos una controversia entre el gobierno, las organizaciones campesinas y las empresariales, en la que los puntos de vista son contrapuestos y, por lo tanto, preocupantes. Una primera observación es la incapacidad demostrada por las autoridades en la materia, sobre todo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa). La que por cierto ha tenido la brillante ocurrencia de contratar a la campeona mexicana de golf, Lorena Ochoa, para que se escuche en comerciales en los que comenta que le gusta mucho el campo, pero no el de golf, sino el campo mexicano por todo lo que significa. ¿Tendrán alguna idea los genios de la Sagarpa a quién dirigen este mensaje? Dudo que los campesinos afectados por la situación en que viven siquiera sepan quién es la golfista; seguramente los altos funcionarios de la Secretaría sí lo saben o quizás algún día han tenido la suerte de jugar con ella. Pero aparte de las ridiculeces, como el spot mencionado, esta semana conocimos un desplegado dirigido al Presidente de la República, firmado por casi 20 secretarios estatales del ramo agrícola en el que se quejan de la intolerancia y actitud negativa de los funcionarios de la Sagarpa, mencionando que para las pláticas les han enviado a personas de bajo nivel en la toma de decisiones, mientras que las que pueden decidir quizás se encuentren en el campo... de golf. La realidad hasta ahora ha demostrado que esta secretaría es de baja calidad y rendimiento porque, aunque los altos funcionarios estuvieran en las pláticas, ellos tampoco sabrían qué hacer. El manifiesto antes mencionado también lo firman las principales organizaciones campesinas. Y el meollo del problema radica en la forma en que se pretende distribuir los recursos que la Cámara de Diputados destinó para el campo, preocupada por la inminente apertura comercial. El Programa Especial Concurrente, (PEC), tiene recursos sin precedente para el campo y se esperaba una pronta decisión de cómo manejarlos, pero la burocracia la ha torpedeado a tal grado que han propuesto que se les cambie de interlocutores y que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien lo haga. Si en los pocos días que faltan para 2008 este gobierno no atiende estas peticiones de las autoridades estatales y las organizaciones campesinas, tendremos un ingrediente grave más, que se acumulará a los problemas que tendremos con la apertura negociada en el TLC, cuando maíz, frijol, azúcar y leche, entre otros productos del campo, estarán totalmente libres de arancel en los tres países. En estos trece años poco se ha hecho para reconvertir al campo o para generar mayor eficiencia en las unidades de producción más atrasadas. Tampoco Estados Unidos ha desmantelado sus jugosos subsidios agrícolas para sus productores y que les permite competir con ventaja frente a los nuestros. Si bien, como resultado del TLC algunas ramas de la producción se han visto beneficiadas, el campo no lo ha podido ser, tal y como muchos lo preveíamos desde hace varios años. Un hecho que en estos momentos ayuda un poco a la situación es, dadas las condiciones económicas del mundo y los altos precios del petróleo que han provocado que se desvíen del consumo humano y animal miles de toneladas de granos para la fabricación de etanol, que los precios de algunos de ellos estén altos, como es el caso concreto del maíz, donde la tercera parte de la producción estadounidense se destina a la fabricación del etanol. Pero no ocurre lo mismo en todos los casos. Se supone que en un inicio los productores más afectados serán los del frijol y el azúcar; pero poco a poco estaremos inundados, más de lo que ya estamos, de productos cárnicos y oleaginosas provenientes de los Estados Unidos, lo cual provocará un mayor desempleo en nuestro país. En el caso del azúcar la situación es paradójica. Ahora los industriales de este ramo se quejan de que Estados Unidos nos va a llenar de su producto, entre otras cosas por la eliminación del arancel del 210% que tenía la fructosa. Estos industriales beneficiados por los gobiernos panistas primero con una expropiación muy mal hecha —por la cual por cierto hasta ahora nadie ha sido juzgado por su irresponsabilidad al tomar las decisiones, y esperamos la Auditoría Superior de la Federación pueda hacer algo—, y después con la devolución de los ingenios saneados, ahora dicen que van a quebrar, seguramente con a idea de que de nuevo el gobierno los salve. En un mundo tan complejo como el nuestro, contar con producción y reservas suficientes de los principales granos es una razón de la máxima importancia y de seguridad nacional. Solamente recordemos el problema que enfrentamos hace un año, por la falta de maíz. Las organizaciones campesinas han amenazado con distintas acciones, a partir del 1 de enero, si no se logra una modificación del TLC, cosa que a estas fechas se ve muy difícil, sobre todo porque el gobierno no ha hecho su tarea y no ha planteado a Canadá y a Estados Unidos lo que va a significarnos esta apertura total. Este problema, aunado al de los irremediables aumentos de precios y de subsidios para el año que viene, requiere de la máxima sensibilidad del gobierno federal y de poner a operar a funcionarios capaces, que estén comprometidos con los más pobres y no con el golf. Analista político y economista | 
