| Roberto Méndez Gutiérrez ase-gura que, poco después del mediodía del 22 de diciembre de 1997 entró a la comunidad de Acteal, acompañado de ocho sujetos armados. Según su declaración ante el Ministerio Público, su objetivo era perseguir y atacar a los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se encontraban en el lugar. Él portaba una AK 47 (mejor conocida como cuerno de chivo). Sus compañeros iban armados con pistolas y rifles calibre .22. Después de enfrascarse en una intermitente escaramuza con sus rivales, Roberto Méndez tomó la decisión de atacar también a los civiles que quedaron atrapados en medio de la batalla. Confiesa, sin ambages, que aquel fatídico día, además de zapatistas, también mató a mujeres y niños. Las declaraciones ministeriales de algunos de sus compañeros concuerdan con este testimonio. Formaban, todos, parte de un grupo armado cuyo supuesto propósito era defender a los pobladores de las arbitrariedades del zapatismo. En esa ocasión, dicen, habían sido contratados por Antonio Vázquez Seccum —un campesino de la zona— para vengar la muerte de su hijo, quien poco tiempo atrás hubiera sido asesinado por las fuerzas del EZLN estacionadas en Acteal. El catastrófico resultado de esta acción se dio a conocer a la opinión pública al día siguiente: 45 civiles, entre ellos mujeres, niños y ancianos, fueron las víctimas conocidas de aquella masacre. La mayoría de estas personas fallecieron por impacto de bala, otras encontraron la muerte por obra de arma blanca, mazos y piedras. Pocos episodios recientes en la historia de México han dejado una huella tan dolorosa como la masacre de Acteal. ¿Quién entrenó a este violento grupo? ¿Quién les vendió las armas que portaban aquel día? ¿Cómo pudieron llegar a Acteal sin que nadie los detuviera? ¿Por qué las autoridades tardaron seis meses en detener a Roberto Méndez y sus cómplices? Y lo más importante de todo: ¿por qué los jueces responsables del caso han desestimado sistemáticamente las declaraciones y testimonios que, a manera de confesión, hicieron estos individuos? Responder a estas interrogantes ayudaría a saber si, en verdad, hubo una conspiración de diversos funcionarios públicos detrás de esta tragedia. Es decir, si actores del Estado mexicano tuvieron alguna responsabilidad en los hechos que ocurrieron aquel 22 de diciembre de 1997. Lo cierto es que la deficiente investigación judicial realizada hasta hoy —diez años después— no permite obtener las conclusiones necesarias. Pero el asunto no se detiene aquí. A los 45 indígenas asesinados se sumaron otros 75 indígenas encarcelados por un crimen que evidentemente no cometieron. Quienes componen a este segundo grupo son también víctimas residuales de aquella masacre. Han extraviado diez años de libertad porque el Estado mexicano necesitaba urgentemente culpables para apaciguar los ánimos agraviados por la matanza. Al no contar con los verdaderos responsables, las autoridades de la época —fundamentalmente los funcionarios de la PGR— tomaron la decisión de aprehender a toda persona que fuera señalada por la comunidad como potencial participante. Violando los principios fundamentales del derecho penal y negando toda garantía a un juicio justo, policías, jueces y ministerios públicos conspiraron, tergiversaron pruebas, desestimaron confesiones y testimonios, negaron las periciales y trastocaron procedimientos con el solo objeto de culpar a quien tuviera menos recursos —económicos y jurídicos— para defenderse. La idea era única y monumentalmente terca: si la versión decía que fueron 300 los atacantes, pues alrededor de 300 personas debían poblar las cárceles. Esta segunda tragedia que ocurriera durante las semanas posteriores a la matanza (¿batalla?) de Acteal, por sus características arbitrarias y autoritarias, podría ser calificada como crimen de Estado. Olvidando todo elemento del debido proceso judicial, se procedió así para resolver una preocupación eminentemente política. Tanto la actuación de los fiscales como la de los jueces tuvo como única intención el desahago de las presiones de la opinión pública. Nada importaron para el razonamiento judicial las declaraciones de Roberto Méndez y su grupo. Tampoco tuvieron peso las pruebas de balística sobre los supuestos responsables. Según el juez, el hecho de que los inculpados no dieran positivo en las pruebas de radizonato de sodio se debió a que eran indígenas que trabajan la tierra y por tanto son inmunes a esta pericial. Tampoco tomaron las autoridades en consideración que varios de estos inculpados hayan demostrado fehacientemente que estaban lejos del lugar de los hechos ocurridos en Acteal. Ni que los testimonios utilizados para acusarlos fueran notoriamente contradictorios y estuvieran evidentemente fabricados. El único hecho relevante para la autoridad es que estos individuos no contaran con herramientas jurídicas para defenderse ante la arbitrariedad. Se trata de indígenas que no hablan el castellano, que son tan pobres como las víctimas de la masacre, que no entienden de abogados y leyes, que no poseen garantías constitucionales, y que por todo lo anterior eran perfectos para lavarles la cara a los incompetentes funcionarios del Estado. Durante nueve años los jueces que llevaron el caso fueron incapaces de dictar una sentencia en contra de estos inocentes. Una y otra vez les retuvieron en prisión preventiva reponiendo el procedimiento porque no tenían los elementos suficientes para incriminarles. A principios de este año 2007, finalmente —y muy a pesar de la inconsistencia legal de las acusaciones— un juez decidió sentenciar en primera instancia. Ocurrió así porque finalmente un abogado profesional, Javier Cruz Angulo, ayudado por la clínica del CIDE, denunció ante el Consejo de la Judicatura la negligencia de los juzgadores. En otras palabras, la sentencia tantos años esperada fue nuevamente el producto de la presión política y no de la preocupación de la autoridad por administrar justicia. En breve, este expediente será juzgado en segunda instancia y quizá, con un poco de suerte, revisado por la Suprema Corte de Justicia. Es indudable que si los ministros del más alto tribunal dedican una pequeña fracción de su valioso tiempo a revisar el caso, terminarán liberando a los inocentes y llevando fatalmente tras las rejas a los verdaderos culpables, sobre todo a aquellos que aún permanecen en libertad. Ese día la SCJN podrá demostrar que la política no es más importante que la justicia en nuestro país. Analista político | 
