| La administración de justicia —que comprende la prevención o seguridad pública, la solicitud o procuración de justicia que supone la persecución y sometimiento del delincuente, y la impartición de justicia que es la función que juzga en última instancia para hacer valer el régimen de derecho y garantizar la paz social— sufre en nuestros tiempos los estragos del desorden político que deriva de la falta de legitimidad de la autoridad que tiene convulsionado al país, sin que sea fácil visualizar un acomodo o estabilidad que pueda purgar el vicio de origen hacia una legitimidad de ejercicio. El litigio o controversia no se reduce a un desacuerdo electoral, aunque ahí llegó a un punto de colapso. Su fondo entraña, en realidad, el concepto y sentido mismo del poder democrático para que éste cumpla su finalidad superior de ejercerlo al servicio de la nación. Los datos duros hablan de que el gobierno se encierra en intereses partidistas y sectarios con el único propósito de su permanencia, lo más prolongada o indefinida en el poder con todo lo que esos privilegios significan. La consecuencia obvia es que del lado de la sociedad, que se convierte es espectador-víctima del reparto en las altas jerarquías de los partidos, grupos de poder y de dinero, la resignación o conformidad no se logra ni medianamente, porque subyacen la indignación y la frustración por lo que puede llamarse un despojo a la soberanía popular. En este contexto, las posibilidades de daño y sufrimiento de la población se van haciendo realidad. Un proceso de capilaridad se hace manifiesto afectando muy directamente la administración pública en general de un altísimo costo y anémica eficiencia y, muy particularmente, a la administración de justicia que no se pudo despegar de la degradación a la que el régimen foxista la sometió. En lo referente a la prevención o seguridad pública su fracaso es contundente (AFI, PFP, etcétera). La entrada del Ejército, con todos los inconvenientes que ha denunciado incluso el alto comisionado de las Naciones Unidas Amérigo Incalcaterra, ha tenido un efecto disparador de otros daños aun de mayor gravedad que los que se quiso o se fingió querer acabar. La escalada de violencia gubernamental procrea la violencia delictiva en espiral. Sólo un craso desconocimiento del fenómeno del crimen organizado pudo haber aconsejado un remedio peor que la enfermedad, salvo que el objetivo oculto haya sido el reacomodo de fuerzas en relación con los intereses políticos, en la creación de un nuevo sistema de poder. En la exigencia o procuración de justicia no podía ser peor. El ex procurador Daniel Cabeza de Vaca y su subprocurador Carlos Aguilar Suárez (quienes dictaron el no ejercicio de la acción penal para los Bribiesca el 30 de noviembre de 2007, minutos antes de la conclusión del sexenio de Fox) son ahora los consejeros jurídicos de la Presidencia de la República. Quien fue a su vez consejero jurídico, Juan de Dios Castro (quien en abril de este año dijo no saber nada de la resolución de la PGR sobre los Bribiesca, cuando seis meses antes, según información que dieron a la nueva comisión de la Cámara de Diputados, ya se había emitido el no ejercicio para exonerarlos), es hoy subprocurador de Derechos Humanos, y el ex jefe del Cisen (servicio de inteligencia) Medina Mora es nada menos que el actual procurador general de la República. El resultado no puede ser otro que el de la repetición de la peor época de la institución y de su alta función en la historia del país. La impartición de justicia con lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el caso de Lydia Cacho, en la que seis ministros dieron la espalda a la justicia argumentando su razonamiento con apego a la ley, constituyó la máxima infamia que haya sufrido la dignidad nacional. Nadie podrá decir ahora que México es un país civilizado cuando sus máximas autoridades judiciales nos han denigrado a la más baja condición de súbditos del capricho y la ambición de nuestros máximos jueces. Decadencia de consecuencias, todavía impredecibles. El remate no podía ser otro que el engaño sexenal que implica hacer creer que la recta y eficiente administración de justicia en el país depende de una reforma legislativa que vulnere garantías para facilitar la función represora del Estado. Con ello se gana tiempo político muy amplio para que el pueblo espere a que la ley surta sus efectos para después argüir que ya quedó obsoleta y se requiere una mejor. Sabido es que la ineptitud y deshonestidad de los responsables de las diferentes áreas de la administración de justicia no es culpa de las leyes, sino del cinismo y ausencia ética de quien los designa. La República sufre un golpe mortal a la justicia. Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM | 
