| La vocación, como el movimiento, se demuestra andando. Los mexicanos hemos dado muestra de ello en materia de desarme de manera fehaciente a lo largo del tiempo no sólo apoyando diversas convenciones y medidas adoptadas al respecto en la ONU, sino impulsando instrumentos de gran envergadura como el Tratado de Tlatelolco, que permitió establecer en América Latina y el Caribe la primera zona desnuclearizada del mundo. Sin embargo, nuestro interés no se detiene en la búsqueda de acuerdos destinados a restringir el uso de las armas de destrucción masiva, tanto nucleares como químicas y bacteriológicas, sino que abarca todo tipo de armamento convencional que cause daños indiscriminados y persistentes a la población civil. Prueba de lo anterior es la activa participación del gobierno de México, junto con otros países, buscando impulsar la suscripción de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante para este tipo de armamentos. Concretamente, se desea prohibir la producción, transferencia y almacenaje de las denominadas municiones en racimo cuya capacidad de daño se extiende en el tiempo y la hace equiparable a la de las minas antipersonal, afectando a seres humanos inocentes e inutilizando tierras dedicadas a la producción de alimentos. El número de víctimas y perjuicios causados en diversas partes del mundo por el uso de municiones en racimo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año pasado en Líbano y sus dramáticas secuelas, han sido ampliamente comentados y documentados. El foro para discutir este tipo de pertrechos es la denominada Conferencia de Examen de Estados Parte de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC). Sin embargo, el fracaso de su tercera edición, celebrada en Ginebra en noviembre del año pasado, llevó a que un grupo de países, México entre ellos, señalara la conveniencia de que el proceso para lograr un acuerdo sobre las municiones en racimo se llevara a cabo fuera del marco de la propia convención. Como resultado, Noruega lanzó en febrero del presente año el denominado Proceso de Oslo, cuya primera consecuencia fue una Declaración sobre Municiones en Racimo, adoptada por 46 estados, México y Perú por parte de América Latina, conforme a la cual se estableció el compromiso de concluir un instrumento jurídicamente vinculante al respecto, en 2008. En seguimiento a lo anterior, en el presente año se han celebrado tres conferencias sobre el tema, en las ciudades de Lima, San José de Costa Rica y Belgrado, con una participación e interés crecientes de gobiernos y organizaciones internacionales, y este mes se efectuará una cuarta, en Viena. Tan notable activismo permite abrigar esperanzas de poder contar finalmente con una convención internacional sobre municiones en racimo. Ciertos de que la diplomacia parlamentaria puede y debe acompañar a la de los gobiernos cuando se defienden intereses superiores, en la pasada Audiencia Anual ONU-Unión Interparlamentaria, los legisladores mexicanos que asistimos tuvimos la oportunidad de reiterar nuestro compromiso indeclinable a favor de cualquier esfuerzo encaminado a reducir el potencial de destrucción de vidas y bienes que tiene todo tipo de armas, para cuyo diseño y producción lamentablemente se invierten cuantiosos recursos que podrían aplicarse a apoyar el desarrollo de aquellos países con mayores rezagos y esas comunidades con enormes carencias económicas. Personalmente estoy convencida de que la búsqueda de medidas destinadas a erradicar instrumentos bélicos que amenazan indiscriminadamente a las poblaciones civiles y militares debe convocar lo mejor de nosotros mismos: gobernantes, legisladores, expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, a fin de alcanzar éxito. Ojalá sea el caso de las municiones en racimo y alcancemos, en 2008, la tan anhelada convención. Senadora de la República (PRI) |
