| La absurda disputa que enfrenta al gobierno del estado de Sonora y la Secretaría de Seguridad Pública debiera ser un motivo de preocupación para todos los mexicanos y de una investigación a fondo. Mas allá del problema personal que el gobernador Eduardo Bours pudiera tener con los delegados de la AFI en Sonora —y tal vez de los federales con él—, mas allá de lo que parece un casi histórico regreso a los pleitos entre centralistas y federalistas o los reclamos de soberanía estatal, incluso tal vez como un choque entre un gobernador miembro del PRI y un gobierno federal del PAN, el diferendo ocurre en un estado asolado por el narcotráfico y de importancia estratégica. Bours demanda la salida de las policías federales de “su” estado; el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, se niega. Y si a primera vista las autoridades federales tienen razón, habría que recordar también el origen del actual problema. El inicio público del diferendo está en la actuación, o más bien falta de ella, por parte de la PGR y la AFI durante una incursión de comandos narcotraficantes en Cananea. Hace una semana, a partir de denuncias anónimas, la AFI cateó la casa del jefe de escoltas de Bours, aunque ahora afirma que fue por error. El pleito, pues, parecería ser parte de una guerra de palabras o de un conflicto por áreas de responsabilidad. Pero lo que en términos de absoluta inocencia podría ser visto simplemente como una confrontación político-burocrática, mal visto podría ser algo peor, mucho peor. Los únicos beneficiarios del pleito entre gobierno estatal y policía federal son los narcotraficantes, que de por sí parecen campear a sus anchas por partes del país y entre otras en Sonora. Y para alimentar el cinismo de los ciudadanos, no hace mucho se informaba que el estado de Sonora es parte del “territorio” de la alianza de cárteles conocida como La Federación, que a su vez está en conflicto con otros cárteles, como los de Tijuana o del Golfo, por áreas de influencia en el narcotráfico. Una de las ventajas cualitativas que un gobierno puede tener frente a una criminalidad con múltiples cabezas es la unidad de acción. Pero si las autoridades federales no ayudan a la estatal, y la autoridad del estado no colabora con la federal, la situación se convierte en imposible. En ese marco, el conflicto entre el gobierno de Sonora y la policía federal podría resultar cuando menos sospechoso. Y aun si no hubiera otro tipo de intereses, debería ser visto como un motivo de preocupación para el país como un todo. ¿Cómo podría esperarse algún grado de eficiencia en la lucha antidrogas cuando los encargados de hacerlo se dedican a pelearse entre sí? Tanto el gobierno estatal como las autoridades federales tienen la obligación de aclarar situaciones, dar seguridad a los mexicanos de que su pleito burocrático-político no esconde otros intereses y, ciertamente, zanjarlo para dar prioridad al combate a los traficantes. Y la verdad, no es hora de luchas burocráticas ni de pleitos de comadre. | 
