| Los bancos tienen una pésima imagen en México, parte de ella bien ganada, pero no por eso debemos estar contentos de que caigan en desgracia. A final de cuentas, son indispensables para la economía de cualquier país. Pagar mil 500 millones de pesos implica mucho dinero incluso para una institución como Banamex. Si esto sienta un precedente en el país, aplicable a cuando menos 150 casos más, como lo calcula la Suprema Corte, el sistema financiero perdería solvencia, lo cual afectaría su capacidad de préstamo y pondría en riesgo el ahorro, funciones que el Estado mexicano no está en condiciones de otorgar, como ya lo experimentamos hace 25 años con la nacionalización de la banca. Mucho nos costó a todos el saneamiento financiero de esa época y el posterior rescate de los 90 —hasta para los que no nacían todavía— como para ahora abrir una nueva puerta a la fuga de recursos. En esto tienen también responsabilidad los propios bancos, ya que dejaron abiertos los huecos que permiten este tipo de demandas y crearon las condiciones para el actual resentimiento en su contra. También es cierto que lucran en condiciones ventajosas. Basta recordar que el cobro por el uso de tarjetas de crédito en México es hasta tres veces más alto que en Estados Unidos y en los países de origen de las instituciones bancarias que operan aquí, como Banamex, a pesar de que no existen grandes diferencias en los niveles de inflación y riesgo país de México y de esas naciones. En una conversación on-line ayer entre nuestro colaborador y analista económico Macario Schettino y lectores de EL UNIVERSAL se confirmó esta animadversión hacia la banca. “¿Por qué los bancos sí pueden cobrar lo que quieren y como quieren y los usuarios siempre estamos limitados?”, preguntó Javier Basurto en el chat. Un sentimiento que se repitió sin excepción en el resto de los comentarios. Dejando a un lado si el cálculo de los intereses es correcto o no en el caso particular que nos ocupa, encontramos que la capitalización de los intereses sí tiene un principio elemental de justicia, que prohíbe dañar a los demás y obliga a la reparación de los daños y perjuicios causados a otra persona. Pero en este caso un reclamo justiciero puede estar manchado por la voracidad y ser negativo para el bien colectivo. El sentimiento de injusticia es explicable. La imagen de los bancos no puede ser peor, pero la solución no es permitir a los usuarios cobrar montos multimillonarios en juicios que pondrían en riesgo al sistema financiero, sino garantizar una competencia que obligue a esas instituciones a arriesgarse a otorgar créditos en beneficio de la población. | 
