| No aprendemos. No bastó la amarga y costosa experiencia de las explosiones en ductos de Petróleos Mexicanos para remediar el problema de la vigilancia en las instalaciones de la paraestatal, que no son cualquier edificio burocrático, sino piezas importantes a cuidar en el esquema de seguridad nacional del país. Así como en marzo pasado unos estudiantes de maestría lograron ingresar sin que nadie se diera cuenta a la refinería de Salamanca —que meses más tarde fuera atacada por el EPR—, ahora un simulacro presenciado por EL UNIVERSAL reveló lo fácil que es entrar al complejo de la Cuenca de Burgos, el más grande yacimiento de gas no asociado al petróleo del país. En descargo de Pemex, hay que recordar que la empresa estatal reiteradamente había advertido que era blanco potencial de ataques terroristas y que estaba sin recursos para mantener una vigilancia suficiente. Además de las fallas en la seguridad industrial de Pemex, cabe recordar cuando un reportero de este diario logró adquirir, en agosto de este año, explosivos similares a los usados en los atentados contra poliductos con una simple incursión en el mercado negro de Oaxaca. ¿Quién no ha hecho su trabajo? Pemex es el primer y natural sospechoso; pero también el resto de las instancias gubernamentales encargadas de hacer inteligencia. Ciertamente, puede ser que se le esté pidiendo mucho al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) o a las instancias respectivas del ámbito militar después de su virtual desmantelamiento durante el sexenio pasado, pero las circunstancias nacionales e internacionales muestran que no hay tiempo para esperar resultados de largo plazo. Hay que estar alertas y recomponer el sistema sobre la marcha, sobre todo cuando hay quienes pretenden llevar al país a la inestabilidad y la ingobernabilidad. Hay que aprovechar la coyuntura para hacer un examen a fondo de los órganos de seguridad del Estado para determinar si efectivamente cuentan con el personal, la capacitación y los recursos adecuados y suficientes para cumplir debidamente su tarea. No hay duda de que debemos fortalecerlos como órganos de inteligencia estatales —no gubernamentales— científicos, pero respetuosos de los derechos humanos. La dispersión de fuerzas de seguridad y de servicios de inteligencia, además de malgastar el trabajo y desaprovechar la información, deja el campo libre a criminales que viven de aprovecharse de la impunidad que les provee la falta de vigilancia. El gobierno mexicano, cuyo deber es garantizar la seguridad nacional y del Estado, no puede dejar en la ciudadanía la sensación de vulnerabilidad que queda después de saber que el desorden y no la inteligencia reinan en las instancias que están diseñadas para protegernos. Sería inaceptable que a Salamanca siga Burgos, cuando ya se han hecho tan claras advertencias. Debemos contar con un país seguro, porque así se requiere para que crezcamos económica y democráticamente. | 
