| Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, importantes organizaciones campesinas (CNC, CNPA, ANEC, El Barzón y otras) hicieron un llamado al Senado de la República “para que responda a los campesinos y a los consumidores de cara a la apertura comercial total prevista en el TLCAN”; y “siente las bases de una política de Estado de largo plazo que establezca rumbo y certidumbre para enfrentar y resolver los graves problemas agroalimentarios y nutricionales de México” (La Jornada, 16/X/07). Por el bien general, hay que atender los legítimos reclamos campesinos. Cumplimos ya un cuarto de siglo de perseverante aplicación de las “reformas estructurales” recomendadas por el FMI y el Banco Mundial para el campo mexicano (la severa reducción de la participación del Estado en la promoción activa del desarrollo económico sectorial; la apertura comercial unilateral y abrupta, que remató en la inclusión completa del sector agropecuario en el TLCAN; y la reforma de la legislación agraria orientada a liberalizar el mercado de tierras), las cuales fueron presentadas como el infalible camino hacia la tierra prometida de las mayores tasas de crecimiento de la inversión, la productividad y la producción agropecuarias. Sin embargo, después de casi un cuarto de siglo de perseverante “ajuste estructural”, la tierra prometida brilla por su ausencia. En valores per cápita, el Producto Interno Bruto agropecuario y forestal durante el trienio 2004-2006 resultó 8.7% inferior al observado durante el trienio previo al experimento neoliberal (1980-1982). En kilogramos per cápita, la producción de los ocho principales granos en 2004-2006 resultó 9.6% menor que la obtenida en 1980-1982; la producción de carnes rojas, 26.3% inferior; y la producción forestal maderable, 49.8% menor. Como contraparte —no obstante la reducción del consumo alimentario de los mexicanos que cayeron en la pobreza y en la pobreza extrema—, las importaciones de alimentos se dispararon de 2 mil 755.7 millones de dólares anuales durante el trienio 1980-1982 a 14 mil 309.9 millones de dólares por año durante el trienio 2004-2006. Los instrumentos fundamentales de la “reforma” debían necesariamente desembocar en ese resultado. En primer lugar, la apertura comercial unilateral y abrupta —combinada con la supresión del sistema de precios de garantía y la recurrente sobrevaluación del peso mexicano— provocó un abrupto descenso de los precios reales de los productos agropecuarios en los que México tiene desventajas competitivas. Por ejemplo, en el trienio 2004-2006, los cultivadores de maíz (sumando al precio de venta el subsidio del Procampo equivalente por tonelada) perdieron 52.1% del poder adquisitivo de su grano respecto al trienio 1980-1982; los trigueros perdieron 33.4%; los cultivadores de frijol, 42.9%, etcétera. Como resultado, se produjo una fuerte descapitalización de los predios agrícolas, así como el incremento de la pobreza rural y de la emigración al extranjero. A la pérdida de ingresos se sumó el abrupto repliegue del Estado en sus demás acciones de fomento rural. A contracorriente de lo ocurrido en países con sectores agropecuarios vigorosos (Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera), que reforzaron su intervencionismo gubernamental en el campo, en México se produjo una precipitada supresión o reducción de los programas de fomento sectorial. En consecuencia, la inversión pública agropecuaria disminuyó 92.8% entre el trienio 1980-1982 y el trienio 2004-2006; y el gasto público general en fomento agropecuario se redujo 74.4% durante ese lapso. De esta manera, la deuda económica y social con el campo mexicano se acrecentó dramáticamente. Saldar esta enorme deuda no es solamente un asunto de equidad; es, también, un asunto de seguridad alimentaria, dignidad nacional y viabilidad de un proyecto nacional de desarrollo. No hay que olvidarlo: durante más de un cuarto de siglo —desde la época de Lázaro Cárdenas hasta los años 60—, el sector agropecuario aportó más de la mitad de las divisas que ingresaron a México por exportación de mercancías (contribuyendo a financiar las importaciones de bienes de capital para el desarrollo industrial); satisfizo la demanda interna de alimentos de una población que crecía aceleradamente y mejoraba sus patrones alimenticios; y proveyó las materias primas agropecuarias demandadas por una economía en rápida industrialización y urbanización (véase J.L. Calva, Crisis agrícola y alimentaria en México, Fontamara, México, 1988). En el futuro, ningún programa de crecimiento económico sostenido con equidad es viable si no se sustenta en un campo bonancible: el equilibrio permanente de las cuentas externas, la estabilidad de precios alimentarios sostenible en el largo plazo, la elevación del nivel general de empleo y la generación de ahorro interno suficiente para financiar la inversión nacional exigen la presencia de un vigoroso sector agropecuario. Para fortalecerlo, es necesario —vía políticas integrales de fomento agropecuario— devolver al campo los servicios que antaño prestó al desarrollo económico general del país. Al hacerlo, no sólo estaremos obrando con un sentido histórico de justicia, sino también con una actitud visionaria del interés nacional de mediano y largo plazos. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM | 
