| El deseo del ex presidente Vicente Fox de colocar a disposición de la ciudadanía el archivo de su administración, allá en su rancho de San Francisco del Rincón, Guanajuato, ha puesto en jaque no sólo la normatividad archivística nacional —con sus evidentes lagunas legales—, sino también el compromiso con la transparencia informativa de la actual Presidencia de la República, aspectos ambos que merecen ser aclarados. Inspirado por la costumbre que consagra a los presidentes de Estados Unidos de América, de instalar una biblioteca con la historia documental de su gestión una vez que abandonan el cargo, el ex presidente mexicano edifica su Centro Fox. La pequeña diferencia es que allá el manejo de los documentos oficiales está reglamentado y lo que se pueden llevar a sus bibliotecas privadas son copias de los documentos oficiales. El problema es que aquí no ha habido ninguna autoridad que nos diga si lo que tiene en su poder Fox son copias u originales, en cuyo caso deberían estar a resguardo absoluto del Archivo General de la Nación, que dice no saber nada del acervo de Presidencia correspondiente al sexenio 2000-2006. Por eso el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) pidió a la Presidencia de la República que aclare formalmente la existencia o, en su caso, inexistencia, del registro de los documentos que se pudo haber llevado Fox, puesto que ya le informó que no hay tal bitácora. De hecho, la oficina presidencial debe ser la más interesada en clarificar su información y en dar ejemplo de transparencia al resto de la administración pública federal. Detrás de toda esta complicada tramitación burocrática se esconde un hecho que debe ser examinado con extremo cuidado, y que se refiere al manejo y destino de los documentos oficiales, sustento formal de una gestión de gobierno y de la historia misma de México. Está claro que los documentos originales deben quedar finalmente depositados en el Archivo General de la Nación, y es también incuestionable que ningún funcionario público, y menos el que ocupa la cúspide de la estructura administrativa, puede llevarse los papeles oficiales a su casa, museo o egoteca. Hace falta un reglamento, sin duda, pero hay muchas disposiciones orientadas a preservar la integridad documental oficial o, en algunos casos, a establecer términos de confidencialidad Recientemente fuimos testigos de la trascendencia de estos cuidados, cuando la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado obtuvo de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional valiosos documentos de las gestiones presidenciales de 1968 a 1976, que sirvieron para reconstruir una parte poco conocida de la historia de México: la de la llamada “guerra sucia”. Antes se decía que algunos presidentes se habían llevado de la residencia oficial de Los Pinos hasta las alfombras y las lámparas. Ahora parece que también empacan los documentos. Por el bien del país, este caso debe servirnos para establecer muy bien las reglas de la archivística nacional y dejar sentadas las bases del futuro comportamiento de nuestros mandatarios en esta materia. | 
