| Dicen que no hay quinto malo, aunque tratándose de migración la frase no parece ser del todo exacta. La Secretaría de Gobernación concluyó, después de cuatro versiones anteriores, el proyecto de normas para las 48 estaciones migratorias de retención de extranjeros sin papeles, que incorpora ominosos resabios autoritarios como “fichar” con huella y fotografía a los arraigados, conducta que suele indignarnos cuando el que la aplica es Estados Unidos. Los proyectos han sido sistemáticamente rechazados por organizaciones no gubernamentales que con atingencia detectaron determinaciones violatorias a los derechos humanos de los inmigrantes, quienes de acuerdo con las estadísticas entran ilegalmente a México en su mayoría provenientes de naciones de Centroamérica, como paso obligado hacia el “sueño americano” allende el río Bravo. Nadie puede entrar sin permiso al país. Eso no está a discusión. Lo que preocupa es que el trato que se de a quienes así lo hacen sea el de delincuentes y hagamos a ellos lo que no nos gusta que les hagan a nuestros compatriotas que sufren situación similar en la frontera norte. A decir de la titular del INM, la nueva iniciativa cuenta ya con la posibilidad de que los detenidos se acojan a la figura del refugiado, lo que en su caso amerita una comunicación inmediata con la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (Comar), para evaluar su caso. Bien. Sin embargo, el punto delicado estriba en que el paso por las estaciones migratorias mexicanas supondrá la elaboración de un expediente con fotografía y huella digital, para “tener control” sobre estas personas. Cecilia Romero rechaza que sea un fichaje, pero, en los hechos, no parece ser otra cosa. Se puede entender la necesidad de llevar un histórico de las personas que llegan a estos puntos migratorios, pero no tratarlas como criminales, porque en el fondo esto supone castigar la pobreza, lo que es inaceptable para un país como México, con larga tradición de hospitalidad y asilo, y que se dice respetuoso de la dignidad humana y sus derechos. Abrirle la puerta al autoritarismo, por pequeñita que hoy nos pueda parecer, puede generar consecuencias indeseables en el futro para nuestro propio estado de derecho y poner en entredicho la generosidad de un pueblo como el nuestro, siempre dispuesto a ayudar al extranjero, regresarlo a su país de origen si es que no debe estar en nuestro territorio, pero no convertirlo en un criminal más. La paranoia antiterrorista desatada en Estados Unidos después del 11-S ha llevado a sus autoridades a cometer excesos en contra de los derechos humanos de los ciudadanos de todo el orbe, fichando a sus vistantes, así sean normales turistas, y levantando muros de odio, como si con eso se pudieran detener las migraciones humanas. No sigamos su camino. Debemos ser cuidadosos en esta materia, porque los equilibrios que supone ciertamente son frágiles. Nuestra norma debe ser el respeto a los derechos humanos; castigando al crimnal, sí, pero no haciendo de nuestras estaciones migratorias “guantánamos” o “abu-graibs” en potencia. | 
