| Otra vez estamos hablando de corrupción. De lo mal que cíclicamente nos va en las evaluaciones globales de Transparencia Internacional (TI) y en el Latinobarómetro de las Américas. De nuevo México está en entredicho por su frágil cultura de la legalidad. Si la sociedad ya está cansada de esto, ¿las autoridades cuándo se hartarán de ser percibidas como deshonestas? Reprobamos año con año en las mediciones. En 2007 se asegura que somos el tercer país en el continente donde con mayor recurrencia los servidores públicos piden sobornos. Un tercio de los ciudadanos declaró haber sido víctima de la corrupción en los últimos 12 meses. Los mecanismos de control social, las contralorías estatales, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y aun el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI) no han servido para corregir tal tendencia. La ciudadanía desconfía porque sigue topándose con malas experiencias a la hora de hacer trámites o de tener algún tipo de contacto con la autoridad. En una sociedad con mayor transparencia, podemos saber qué está pasando, pero no hay herramientas suficientes para prevenir los delitos o sancionarlos cuando suceden. De qué sirve pues saber si no hay castigo alguno para los abusos y corruptelas. Hay que trabajar en perfeccionar los mecanismos para sancionar el tráfico de influencias, a los prestanombres y el conflicto de interés, porque si no, simplemente mantendremos el ritual recurrente de lamentarnos de nuestra aparición en el “cuadro de honor” de la corrupción. Como sucede en toda la lógica del delito, la impunidad es el mejor acicate para las conductas irregulares. Saber que no habrá consecuencias es un gran aliciente para quien medra con un cargo público o se sirve del erario para su personal interés o el de su familia. Que la sociedad perciba como muy malos los niveles de corrupción de México revela una peligrosa ruptura institucional, un cambio sin cambio, que mina la legitimidad de las autoridades electas en cualquiera de los tres niveles de gobierno —de todos los partidos políticos— para algún puesto de elección popular, y al final desalienta la democracia al cancelar la esperanza de que alternar gobernantes garantiza la adecuada oxigenación ética de las estructuras de gobierno. Ya no debemos pensar tanto en cómo llegamos a este punto, sino en cómo vamos a salir. En cómo fortalecer a la Función Pública, cuyo titular, Germán Martínez, renunció ayer, y en cómo enriquecer los mecanismos de sanción porque redundar cada seis meses en un diagnóstico recurrente sin hacer nada es inútil. El tema rebasa los marcos de la moral, para amenazar seriamente también al aparato económico, pues los niveles de corrupción de un país influyen en la decisión de socios e inversionistas para emprender negocios. No vale la pena meter dinero en una sociedad donde una buena parte se va en componendas y sobornos, donde la seguridad jurídica queda a merced de que un funcionario pueda o no ser comprado, como en cualquier país del mundo, pero la diferencia en el lugar de la ominosa tabla es que esto sea la norma y no la excepción. | 
