| Los acuerdos logrados por los legisladores federales en materia tributaria son, en mi opinión, reflejo de que la democracia mexicana avanza; con dificultades, pero a final de cuentas se mueve. La aprobación de un paquete tributario que le dará al fisco unos 120 mil millones de pesos de ingresos adicionales el próximo año, equivalentes a 1.1% del PIB nacional, a través de la creación de un nuevo Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), gravámenes a los depósitos en efectivo y al consumo de gasolinas y diesel, así como la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los ingresos que obtengan grandes inversionistas nacionales y extranjeros por la enajenación de acciones en la Bolsa de Valores de México, está muy lejos de constituir una verdadera reforma fiscal, pero sin duda es un importante primer paso para alcanzar este objetivo. El proyecto de cambios fiscales presentado por el Ejecutivo federal a diputados y senadores era un poco más ambicioso en materia de captación de ingresos de lo que finalmente aprobaron los segundos. El gobierno tenía la meta de elevar gradualmente la proporción de los ingresos fiscales respecto del PIB, de la actual décima parte que éstos representan del valor anual de la economía, a 12.8% en 2012, año en que concluye la administración de Felipe Calderón; con los recortes introducidos por los legisladores se estima que para ese año los ingresos fiscales representarán 12.1% del PIB. No todos los sectores políticos o de presión del país están de acuerdo con los cambios aprobados. Para agrupaciones del sector empresarial, el IETU resultará oneroso a los productores en tanto no les permite deducir las prestaciones laborales exentas del ISR y otras, pero olvidan convenientemente que uno de los objetivos de ese impuesto es, precisamente, eliminar el uso abusivo de deducciones antes del pago de impuestos al ingreso, que se han traducido en disminución apreciable de la contribución neta al erario de los causantes mayores. Otros críticos de las reformas señalan que se quedaron cortas en cuanto a recaudación esperada, lo que deja a México por debajo de otras economías latinoamericanas similares a la nuestra, cuyos gobiernos captan 17% o más del producto económico de sus países. El jefe de Gobierno del DF se opone al llamado “gasolinazo” y amenaza con interponer un recurso legal de inconstitucionalidad, acción que diputados del PRD tratan de acompañar, señalando que ese impuesto afecta a los más vulnerables de la sociedad. En vez de alargar más la lista de los inconformes con los cambios fiscales, por exceso o insuficiencia atribuidos a los mismos, ofrezco mi propia opinión. Creo que el sistema fiscal mexicano es ineficaz en el sentido de que no canaliza al Estado los recursos necesarios a sus tareas pendientes: atacar el déficit en salud y educación del país; desarrollar la infraestructura nacional estancada desde hace décadas; detener el deterioro de la seguridad interna y bajar los índices de criminalidad a través del uso eficiente, jurídicamente justo y transparente de los medios judiciales; ofrecer, en fin, mejores servicios de alumbrado y limpieza de áreas públicas y condiciones de sanidad congruentes con el perfil de un país moderno. Pero la transformación de tal sistema en su opuesto —una hacienda pública suficiente, bien administrada, rendidora de cuentas claras y con resultados tangiblemente positivos— requiere de mucho más que lo negociado en la mal llamada “reforma” fiscal que, insisto, es apenas un primer paso en un largo camino de cambios sustantivos que lleven a una verdadera reforma. No coincido con la opinión de que los cambios fiscales de fondo deben fundamentarse en criterios como el de elevar la proporción de los ingresos impositivos respecto al producto nacional, o seguir un enfoque recaudatorio. Si diariamente nos enfrentamos a casos de corrupción pública, malversación de fondos de empresas estatales como la CFE y Pemex, obras públicas oscuramente concesionadas a particulares y luego mal ejecutadas, la onerosa carga de rescates bancarios y muchas otras manifestaciones de mala asignación del gasto público, resulta francamente inmoral el postular como objetivo de cualquier reforma el incremento de los ingresos del gobierno. Nuestros legisladores ya dieron un buen primer paso reformista; les queda por delante vigilar y pugnar por que el gobierno racionalice la administración impositiva y el manejo del gasto. Junto con la eventual aplicación futura de un IVA universal habrá que implementar recortes al gasto corriente, fiscalizar el uso de transferencias a gobiernos estatales y locales, y adoptar medidas para asegurar mayores niveles de inversión pública, incluidos Pemex y CFE, que requieren de independencia para poder, con criterios empresariales, reinvertir sus propios superávit de operación. Finanzas públicas modernas son mucho más que meros aumentos de impuestos. Profesor investigador de El Colegio de México | 
