| En seis años de la administra-ción de Vicente Fox prácticamente no hubo reformas estructurales, e incluso, con su intervención en el proceso electoral de 2006, una que no estaba contemplada, la electoral, se convirtió en una deuda. Hoy, antes de cumplirse 10 meses de la presidencia de Felipe Calderón, ya se están consolidando tres importantes reformas: la del ISSSTE, la hacendaria y la electoral. Estos logros, si bien notables en contraste con la historia reciente, no deben llevar a una satisfacción conformista. Si acaso, obligarían a elevar las expectativas y exigencias respecto a lo que este gobierno puede llegar a hacer. Para ser justos con el ex presidente Fox, en su sexenio se llevó a buen término la reforma de ciertas condiciones laborales al interior del IMSS, lo que significó un importante alivio a las finanzas de dicha institución. Pese a ello, la efectividad reformadora en esta área se perdió al no retenerse a su principal diseñador, promotor y operador, Santiago Levy, entonces director del instituto. También, siendo justos, las reformas de la presente administración tienen limitaciones y muy posiblemente requerirán de ajustes en el mediano plazo, pero todo parece indicar que el avance que representan no les costará el puesto a sus autores. De las muchas formas de evaluar las reformas cabe enfocarse en la redistribución de los recursos económicos y del poder político que involucran. Así, por ejemplo, en el caso del nuevo sistema de pensiones de los empleados del ISSSTE, que liga estrechamente estas últimas a las aportaciones del trabajador, se ahorrarán recursos de las futuras contrataciones de este instituto transfiriendo los ahorros a los beneficiarios de los servicios médicos del mismo. Políticamente, se debilita el sindicato del ISSSTE respecto al Ejecutivo y quienes lo apoyaron, pues queda dividido entre quienes gozan del pasado sistema frente a los que entran en el nuevo. El caso de la reforma hacendaria es más complejo y en algunos aspectos aún no se termina por definir. Por una parte, el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) y el impuesto a la gasolina gravan en mayor medida a los estratos más ricos al reducir el margen para eludir contribuciones y al afectar principalmente a quienes más utilizan directa o indirectamente el combustible. Por otra parte, el impuesto a los depósitos en efectivo trasladará recursos de una parte de las actividades informales, las que difícilmente están asociadas a estratos de bajos ingresos, al erario público. En ambas situaciones hay la posibilidad de redistribuir un monto significativo de recursos. Un problema, sin embargo, es que no está claro que el uso de la nueva recaudación vaya a beneficiar a quienes más lo necesitan. Por una parte, aún está por establecerse en qué se gastará específicamente lo que aporten el IETU y el impuesto a los depósitos, entre otras contribuciones. Decir que ampliarán el gasto en salud, educación e infraestructura es insuficiente, pues no toda inversión en estos rubros resulta progresiva. Por otra parte, la asignación entre las entidades federativas del mal llamado “gasolinazo” parece estar desligada de elementos redistributivos, y ser más cercana al estrecho criterio del tamaño de la población. En lo político, además del Ejecutivo, la reforma hacendaria beneficia al Congreso y a los partidos, pues en alguna medida mostraron a los ciudadanos su capacidad para llegar a un acuerdo o al menos para no tomar acciones drásticas contra él. Algo similar ocurre con la reforma electoral, en donde los partidos políticos y el Congreso, como protagonistas del cambio, son los principales beneficiados, pero también el Ejecutivo, al proporcionar un clima propicio para el acuerdo. Sin embargo, políticamente, los grandes perdedores somos los ciudadanos, que ciertamente veremos alejarse la política del dinero, pero sin acercarse a la ciudadanía. La reforma electoral redistribuye recursos económicos de los medios de comunicación electrónicos a los ciudadanos y los partidos. El uso de tiempos oficiales para la difusión de propaganda política, en vez de la compra de espacios publicitarios, representa un ahorro de presupuesto público que podría regresar al ciudadano en la forma de programas que lo beneficien. Sin embargo, al no reducirse proporcionalmente el presupuesto a los partidos de acuerdo a los ahorros en medios que se concreta, parte de los recursos extraídos a la radio y la televisión quedarán en manos de estos institutos políticos. Más importante es que se refuerza el poder de los partidos frente al de los ciudadanos. Acciones como la sustitución escalonada de los consejeros del IFE y la implantación de una contraloría a esta institución fortalecen a los partidos sin nuevos contrapesos o mayor competencia política. La cuestión no radica en haber descartado las candidaturas independientes, sino el haber ignorado el tema de la reelección en la reforma electoral, pues, debe insistirse, la reelección de representantes populares no es un premio a los políticos, sino su sometimiento a una prueba sobre su eficacia, en donde el ciudadano tiene la última palabra y no los partidos. En resumen, con las reformas se comienza a avanzar, sobre todo elevando el mínimo exigible para las reformas futuras. rodolfo.delatorre@prodigy.net.mx Director del IIDSES de la Universidad Iberoamericana |
