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    Computadoras y equidad educativa
Fernando Serrano Migallón
4 de septiembre de 2007

Hace unos días, un amigo me contó cómo a su hija, de apenas tres años, le parece habitual ver caricaturas en internet y que tenga su arsenal de películas para ver en una pantalla portátil útil para los largos tramos carreteros y que, sin embargo, no podía salir de su asombro el día que vio funcionar un tocadiscos —como los llamábamos hace tantos años— reproduciendo un disco de vinil.

La niña, para la que pronto será habitual comunicarse con sus amigos mediante correspondencia electrónica, es la misma que nunca podrá entender expresiones que nos eran familiares como “¿Ya te cayó el 20?”, y todo porque no conocerá los teléfonos de monedas de 20 centavos que sólo daban línea cuando la moneda caía en el depósito.

Es cierto que como, éstas hay muchas reflexiones entre lo anecdótico y lo nostálgico, pero ello es sólo la superficie; en realidad, la tan promisoria tecnología se ha convertido, en lugar de un apoyo colectivo, en un elemento de inequidad social que se agrava conforme la tecnología y las telecomunicaciones avanzan en una marcha presurosa e irrefrenable.

Cada día aumentan los contenidos que los estudiantes de la licenciatura, por ejemplo, deben obtener de internet; los trabajos que entregan deben imprimirse tanto por velocidad como por presentación y el uso de programas para intercambio de información es no sólo habitual sino indispensable. De este modo, la tecnología funciona en México como un subsidio que beneficia a los estudiantes con mejores condiciones económicas, esto es, a aquellos que tienen su propia computadora e impresora o tienen acceso a internet desde sus hogares; son ellos quienes pueden pagar cursos para aprender a usarla o que lo hacen incluso gratis, porque su entorno social y familiar lo permite; para ellos su uso les permite aprender más y obtener mejores acreditaciones.

En cambio, para estudiantes de menos ingresos, la tecnología deja de ser un apoyo para convertirse en un impuesto recesivo, particular e injusto. Así, quien no puede comprar una computadora deberá pagar entre seis y 10 pesos por hora, con un consumo mínimo habitual de dos horas por sesión —sin considerar que en temporada de exámenes o trabajos finales podrá llegar hasta cuatro—, y pagará entre uno y dos pesos por página impresa, ello contando con que un trabajo de tamaño habitual en la licenciatura ronda las 30 páginas, sin contar con que al compartir una pequeña red, tendrá los problemas habituales de la sobrecarga: caída de la conexión, pérdida de información o lentitud en la obtención de los materiales; ello desde luego con la nada despreciable dosis de angustia que enfrenta el usuario que utiliza esporádicamente las nuevas tecnologías.

Así, para quien no puede poseer un equipo de cómputo y conexión a internet, la tecnología incidirá negativamente en su rendimiento escolar —deberá emplear tiempo y recursos superiores a los beneficios que espera lograr— y se constituirá en una fuente de gastos que no siempre puede permitirse.

El INEGI informa que sólo 28.6% de los hogares cuentan con al menos una computadora y que únicamente 17.7% tiene conexión doméstica a la red; asimismo, 47.6% de los usuarios declaran que su uso de internet se reduce a un día por semana. Si esto no fuera ya por sí mismo sospechoso, la misma fuente informa que, del universo de usuarios de la red, 29.6% tiene entre 12 y 17 años, es decir, aquellos que están cursando la educación media y media superior, mientras que los que cursan una licenciatura o una carrera asociada, es decir, entre los 18 y los 24 años, corresponden a 21% de ese universo.

Frente a esta realidad, la esperanza que para muchos representa la movilidad social, de la que la UNAM se ha vuelto el último reducto, se enfrenta a programas de apoyo que no han dado todos sus resultados y a un esfuerzo ingente que la Universidad desarrolla pero que requiere el concurso del Estado y de la iniciativa privada. Dicen los que saben que en chino la palabra internet se traduce como “el camino con 10 mil rutas en el cielo y en la tierra”; para ser francos, en México el peaje de ese camino es tan caro que la mayoría debe circular apenas por un ruinoso camino vecinal.

fsm@derecho.unam.mx

Abogado

 
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PERFIL
 
Cursó las carreras de Derecho y Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el Certificado de Estudios Superiores en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia, y el de la Academia de Derecho Internacional de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Países Bajos. Doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Profesor por oposición en la materia de Ciencia Política y profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Profesor en las licenciaturas de Administración Pública y Relaciones Internacionales de El Colegio de México e Investigador Nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. Autor de, entre otros: La vida Constitucional de México, La Ley y su proceso, El Particular frente a la Administración, Desarrollo Electoral Mexicano, Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, El Grito de Independencia, Isidro Fabela y la Diplomacia Mexicana, La Propiedad Industrial en México, Toma de Posesión: El Rito del Poder y El Asilo Político en México.

Abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México del 1o. de abril de 1993 al 27 de junio de 1995 y del 19 de enero al 20 de marzo de 2000; actualmente es director de la Facultad de Derecho y es miembro de la Junta de Gobierno de El Colegio de México, consejero del Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia Económica, consejero titular del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y académico de número de las Academias Mexicanas de la Lengua y de Jurisprudencia y Legislación.

Ha recibido la Orden Nacional del Mérito de Francia; la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica de España y es Doctor Honoris Causa por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua.

 
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En busca de la universidad perdida 2-octubre-2007
 
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