| La ciudadanía y también los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal pierden con el empeño por reservar como confidenciales datos claves de su funcionamiento, desde las nóminas y los contratos hasta los programas de fiscalización, elementos todos que permiten evaluar el manejo financiero de un equipo y cumplir con un principio fundamental para los gobiernos democráticos en cualquier lugar de la República y de cualquier signo: la transparencia. Todavía no sabemos cuánto costaron los segundos pisos de las vialidades del sur, ni cómo se asignaron los contratos de obras. Ahora, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del DF clasificó hasta por 12 años los rubros como información de acceso restringido. La disposición pondría a salvo de cualquier penalidad a los funcionarios que pudieran haber incurrido en algún ilícito, pues su responsabilidad cesa en menos de 12 años. Además, esta medida capitalina va en contra de la tendencia en la República, que es la de darle cuerpo al artículo sexto constitucional en su vertiente de derecho a la información, de tal suerte que todos los ciudadanos mexicanos puedan exigir que los distintos ejecutivos, desde los estatales hasta el federal, les rindan cuentas. En Distrito Federal no será así. Hace cuatro semanas la Secretaría de Hacienda autorizó el refinanciamiento de 38 mil millones de pesos de la deuda del gobierno capitalino con el compromiso de manejo transparente y gasto en infraestructura. La transparencia no es un capricho ciudadano ni un recurso para alimentar golpeteos políticos, sino la forma eficaz de introducir controles a la autoridad forzándola al escrutinio de sus actos. El que nada debe nada teme. La transparencia no golpea; afianza, legitima. Hay además excepciones. La información se clasifica, es decir, se declara secreta durante algún tiempo razonable, cuando con esa restricción se sirve mejor a la colectividad, como acaba de ocurrir con la que se refiere a los ductos de Petróleos Mexicanos en el Bajío. Eso se puede entender para cualquier asunto y en cualquier entidad, son razones de seguridad nacional. Pero la transparencia no puede pretender convertirse en un ejercicio de verdad histórica, sino en herramienta para un modelo de conducta pública. Acabamos de enterarnos de lo que nos cuestan cinco ex presidentes de la República, por medio de datos obtenidos en el Congreso. El Poder Ejecutivo ofrece otros. El IFAI podría ser el tercero que concilie, aportando precisiones del caso basándose en información oficial conferida a ese instituto. Puede y debe hacerse para bien de la República, cuya deliberación se nutre con datos abiertos al público y no con expedientes enteros recluidos en la opacidad. Doce años son dos sexenios. Para entonces ya habrán pasado a la historia el actual Presidente de la República y el próximo, y cualquier potencial reclamo al gobierno capitalino actual habrá prescrito El jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, está a tiempo de corregir este exceso y apostar por la luz, no por la oscuridad en su gestión. | 
