| Si bien la definición de la política como el arte de lo posible es un lugar común, el dominio de este arte no es tan común. Más todavía: nuestro déficit nacional en este ámbito podría resultar —al término del actual intento de reforma tributaria— aún mayor que el déficit fiscal stricto sensu proyectado para 2012 (4.9% del PIB), que heredaría el siguiente gobierno en ausencia de una reforma fiscal. Para evitarlo, hay que poner los pies en la tierra. Ciertamente, la iniciativa de reforma tributaria presentada por el Poder Ejecutivo está lejos de ser la reforma fiscal que México requiere. En primer lugar, por la magnitud de su impacto recaudatorio (apenas 1.8% del PIB como producto directo de la CETU, más 1% del PIB adicional por efecto de una mayor eficiencia recaudatoria), con lo cual no se superaría el enorme rezago tributario de México, estimado en 10% del PIB, ni se generarían los recursos fiscales requeridos para atender nuestras enormes carencias en infraestructura, educación, ciencia y tecnología, salud y seguridad social, inversión en la industria energética, fomento industrial y agropecuario, etcétera, amén de la holgura fiscal requerida para aplicar políticas fiscales contracíclicas en favor del crecimiento sostenido del PIB y del empleo. En segundo lugar, porque complica nuestro sistema tributario (agregando dos nuevos impuestos: la CETU y el ICI), en lugar de simplificarlo mediante una reforma a la ley del ISR, directamente orientada a reducir las deducibilidades y a eliminar los regímenes de privilegio (consolidación fiscal y regímenes especiales para empresas de transporte, agrobusiness, etcétera), así como a establecer duros candados contra la evasión fiscal. En tercer lugar, porque si bien la CETU amplía la base de ingresos empresariales gravables, al reducir deducibilidades y suprimir regímenes especiales en el ámbito de su aplicación (quedando intocados en el ISR), la reforma no incide en la ampliación de la base de ingresos personales gravables, puesto que no introduce un impuesto sobre dividendos percibidos por personas físicas, como el vigente en todos los países de la OCDE (con excepción de la República Eslovaca, Grecia y México), ni introduce un impuesto sobre las ganancias de capital de las personas físicas, ni tampoco un gravamen sobre las herencias y legados, como también se observa en los países típicos de la OCDE. En cuarto lugar, la iniciativa de reforma tributaria no acrecienta la progresividad del ISR, aumentando las tasas marginales para los ingresos personales mayores (v.gr. superiores a 2 millones de pesos), aproximándonos a las tasas vigentes entre nuestros socios del TLCAN (en México la tasa máxima de ISR personal es de 28%, contra 46.4% en Canadá y 41.4% en Estados Unidos) o entre los demás países típicos de la OCDE (45% en España, 55.9% en Francia, 45.2% en Alemania, etcétera). Además, el principal instrumento recaudatorio de la iniciativa fiscal del Ejecutivo (la CETU) presenta graves defectos, puntualmente criticados por legisladores de los principales partidos de oposición (PRI y PRD), pero también por legisladores del PAN: 1) un sesgo contra la seguridad social y el empleo, al no hacer deducibles las contribuciones empresariales a IMSS, SAR e Infonavit, ni los impuestos locales sobre nóminas (o, en general, los salarios y prestaciones); 2) la ausencia de progresividad, al pretender aplicar la tasa única no sólo a las empresas, sino también a las personas físicas con actividad empresarial, incluyendo arbitrariamente en ese concepto la prestación de servicios profesionales y la enajenación de bienes patrimoniales; 3) la no deducibilidad para efectos de la CETU de las inversiones en maquinaria, equipo y construcciones realizadas antes de la entrada en vigor de este impuesto. Por fortuna, resultan alentadores los procesos de convergencia que están perfilándose. Frente a las fundadas críticas a la CETU, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, anunció su conformidad con la “cirugía mayor” que los legisladores realizarán a la CETU, a fin de corregirle sus defectos mayores (véase EL UNIVERSAL, 11/VIII/07), allanando así el camino para su aprobación por el Congreso. No sería la reforma fiscal integral que México requiere, pero representaría un avance relevante y un alentador signo del arte de lo posible. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM |
