| El Tribunal Electoral del Po-der Judicial de la Federación se ha convertido en noticia de primera plana por muy malas razones. O para decirlo con más exactitud: por la falta de razones y el alud de conjeturas que se han desatado en torno del relevo en la presidencia de ese órgano. Nos hemos enterado a cuentagotas de los desencuentros que han vivido los magistrados que integran la Sala Superior, a través de una mezcla de decisiones tomadas a deshoras, boletines y discursos que ocultan más de lo que dicen y largos silencios entretejidos con información filtrada a medias. En apenas unas horas, y por causas ajenas a la materia electoral, el Tribunal ha perdido buena parte de la confianza y el respeto que acumuló en 11 años. Como suele repetir José Woldenberg (citando a su vez a Carlos Pereyra), la confianza es algo que se construye por micras y se destruye por kilómetros. No hay equidad en esa relación, porque estamos mucho más dispuestos a creer en la existencia de los vicios que en la excepcionalidad de las virtudes. De ahí que la difamación sea, casi siempre, un recurso más eficaz y duradero que el elogio: lo primero se acepta pronto y muy rara vez exige pruebas, mientras que lo segundo no sólo debe demostrarse, sino que además reclama continuidad y tiempo. Por eso es inútil tratar de poner ambas cosas en una balanza equilibrada, pues la tendencia a dar por ciertos los defectos de los otros pesa mucho más que nuestra capacidad de reconocer su bonhomía. Y en este caso es aún peor, porque las conjeturas publicadas hasta ahora se derivan de presuntos actos de corrupción mal procesados. ¿Y quién en México no está dispuesto a creer, ya de entrada, que en las altas esferas de los poderes públicos hay corrupción? Todavía no sabemos si eso es cierto, y carecemos de la información indispensable para adjudicarla con objetividad a quien fuera el presidente del Tribunal Electoral hasta hace una semana. Pero la forma sigilosa en que la Sala Superior quiso dar a conocer la renuncia de Flavio Galván y la designación de María del Carmen Alanís en la presidencia de ese órgano dio pie al tobogán que ha convertido todas las versiones posteriores en verdades reveladas, y en apenas unos días han colocado al Tribunal en la peor crisis que ha vivido desde su creación. Ninguna de las preguntas que se derivan de esa mala apuesta por la discreción admite una respuesta clara. Y ninguna deja a salvo el prestigio personal ni la confianza que debe generar ese cuerpo colegiado en su conjunto. ¿Qué pasa con nuestros órganos electorales, que no logran entender que la única información capaz de producir confianza en nuestros días es la que se da completa y oportunamente, por mala que parezca? Añado mi propia conjetura, para imaginar de buena fe que la decisión tomada se basó en un acuerdo que quiso ser prudente: que los magistrados aceptaron la renuncia de Flavio Galván como un gesto responsable de ese buen jurista, hasta ahora intachable, que buscaba liberar de toda presión las investigaciones iniciadas sobre los actos de una de sus colaboradoras más cercanas; que decidieron mantener esa tensión interna dentro de los muros del propio Tribunal, y generar una versión pública basada en la salud precaria del magistrado involucrado, y que sellaron un pacto de lealtad recíproca para evitar cualquier otra interpretación. Suponiendo que así haya sido, el resultado es lamentable, pues la prudencia buscada se convirtió en su opuesto, ya por ingenuidad o ya por mala fe. Y si la versión pública responde a la verdad, y el magistrado Galván efectivamente no estaba en condiciones de seguir al frente de la institución por razones de salud, el desenlace es todavía peor, pues esa verdad habría quedado sepultada para siempre como una mentira inaceptable. Y a estas alturas, una vez perdidos los kilómetros de la confianza, cuesta trabajo imaginar qué salida pueden encontrar los magistrados para desandar la ruta. Lo que sí queda registrado, de manera reiterada, es que los órganos electorales no deben jugar con la verdad ni mucho menos apelar a su alta responsabilidad pública para ocultar o demorar la información que de todos modos verá la luz. Tengo para mí que el mayor error cometido por el Consejo General del IFE en 2006 fue precisamente el de la falta de oportunidad y precisión de los datos que ofreció en la noche electoral y los días siguientes. Al abrir paso a la conjetura, perdió autoridad y confianza entre los electores. Y lo mismo sucede ahora con el Tribunal: en nombre de una responsabilidad mal entendida, y con el ánimo de no dañar la confianza en la institución, sus magistrados se guardaron datos y razones que ahora se han convertido en un berenjenal y que bajo ninguna circunstancia tendrá ya una solución sencilla. La prudencia que se espera de los órganos electorales es de otra índole: no la que juega con la información o la revela a conveniencia, sino la que impide que ésta sea parcial o fragmentada. Precisamente porque la prudencia exige evitar males mayores, en nombre de la responsabilidad sobre los actos propios, el ocultamiento o la manipulación informativa es su contrario. Y más aún en nuestra época, en medio de un cuerpo colegiado (donde secreto de dos ya no es secreto) y en una materia tan frágil a la interpretación de todo cuño como la electoral. En ese territorio, pocas cosas pueden hacer más daño que una versión falsa que parezca verosímil. Y si ésta se produce a causa de la inexactitud, el cálculo político o el titubeo de los propios órganos responsables de generar certeza, las consecuencias pueden ser devastadoras. El desenlace de este episodio lamentable todavía está por venir. Pero en cualquier caso es necesario poner todas las causas y las razones que produjeron la salida de Flavio Galván de la presidencia del Tribunal sobre la mesa, sin matices ni rodeos. La situación electoral de México ya no soporta más cálculos políticos mal formulados. Si algo puede rescatar la credibilidad de nuestros maltrechos órganos electorales es la verdad, a secas. Profesor investigador del CIDE | 
