| Dos días después de que el Partido De-mócrata lograra la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien fuera secretario del Tesoro estadounidense bajo el gobierno de Clinton, Robert Rubin, fue interrogado acerca de si —en la perspectiva de corregir su enorme déficit fiscal— la economía estadounidense no sería aún “demasiado débil para incrementar los impuestos, incluso a los ricos”. Rubin respondió: “Si se incrementaran los impuestos en este momento probablemente tendríamos un efecto negativo cercano a cero sobre el crecimiento económico”. Y si acaso “se observara algún efecto contraccionista”, redondeó Rubin, éste podría contrarrestarse “adaptando la política monetaria”. Entonces, “lo que debemos hacer es empezar el proceso arreglando nuestros problemas de largo plazo” (Robert E. Rubin at The Economic-Club of Washington, noviembre de 2006, www.economicclub.org). Para Estados Unidos, el problema de largo plazo consiste en ajustar la brecha ingreso-gasto público, que en 2006 ascendió a 2.6% del PIB; y este déficit, observó Rubin, no puede resolverse “sin incrementar los ingresos tributarios”. “No conozco a nadie involucrado en nuestro sistema político que haya presentado propuestas específicas que nos conduzcan a una posición fiscal sostenible en el largo plazo basada solamente en la reducción de los gastos. Entonces tiene que haber cierta combinación de aumento de los ingresos tributarios y disciplina en el gasto”. En México, el balance fiscal tradicional resultó superavitario en 2006 (0.1% del PIB) y para 2007 se proyecta un presupuesto equilibrado. Pero considerando el conjunto de nuestros “requerimientos financieros del sector público”, o sea el verdadero déficit fiscal, se estima que éste ascenderá a 1.6% del PIB en 2007 y —en ausencia de una reforma fiscal— continuará creciendo hasta alcanzar 4.9% del PIB en 2012. Ahora bien, aunque en nuestro país existen propuestas específicas para ajustar el gasto —reduciendo salarios y prerrogativas de los altos funcionarios públicos, así como otras partidas del gasto corriente consideradas superfluas—, se estima que estas economías no serían mayores de 1% del PIB. Entonces, la disciplina en el gasto tendrá que acompañarse con el aumento de la recaudación, aunque sólo fuera para resolver el problema del desequilibrio fiscal en el corto y mediano plazo. Pero además tenemos en México un problema fiscal de carácter estructural: la exigua recaudación tributaria como porcentaje del PIB, que trae consigo un Estado enclenque, sin recursos suficientes para cumplir sus responsabilidades en el desarrollo. Así, las enormes carencias en infraestructura, educación, salud, seguridad pública, desarrollo científico-tecnológico, fomento industrial y agropecuario, combate a la pobreza, para no hablar de la subinversión en Pemex, ni de la estrechez hacendaria para aplicar políticas contracíclicas orientadas al crecimiento sostenido del PIB y del empleo, son resultado natural de esta debilidad fiscal estructural. En estas condiciones, lo peor sería que no se aprobara ninguna reforma tributaria. Ciertamente, la iniciativa fiscal del Poder Ejecutivo debe ser sometida a “cirugía mayor”, introduciendo a la CETU por lo menos dos modificaciones imprescindibles: 1) la deducibilidad de las contribuciones empresariales a la seguridad social (IMSS, SAR, Infonavit) y de los impuestos locales sobre nóminas; y 2) aplicar la CETU exclusivamente a las empresas y personas físicas con actividad empresarial stricto sensu e ingresos superiores a 2 millones de pesos, a fin de mantener la progresividad de los impuestos sobre el ingreso. Se corregirían así los mayores inconvenientes de la CETU, sin reducir sus efectos benéficos contra la elusión fiscal. No obstante, la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo sólo incrementaría la recaudación en 3% del PIB, de manera que permanecería nuestra debilidad fiscal estructural. En consecuencia, se requiere un mayor ajuste al alza de los ingresos tributarios. Lo ideal sería realizar una reforma fiscal integral —como la propuesta desde el ámbito académico en Finanzas públicas para el desarrollo, libro recientemente publicado por la UNAM—, que permitiría elevar la recaudación en 10 puntos porcentuales del PIB. Pero, en la actual coyuntura, por lo menos debería propiciarse la convergencia política para que la CETU (corregida) sea aprobada junto con algunas propuestas tributarias del Frente Amplio Progresista, que están validadas por su aplicación en los países con sistemas tributarios modernos. En particular: gravar los dividendos recibidos por personas físicas, independientemente del impuesto sobre utilidades pagado por las empresas; limitar la exención de las ganancias por enajenación de acciones bursátiles, como primer paso para gravar las ganancias de capital de las personas físicas; y gravar las herencias y donaciones entre familiares, mediante un sistema de tasas progresivas. Una reforma fiscal de este género representaría un importante avance hacia el magno ajuste fiscal estructural que México requiere como precondición para ingresar a un ciclo largo de desarrollo sostenido con equidad. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM |
