| Todas las transiciones a la demo-cracia exitosas en el mundo han debido resolver simultáneamente dos procesos que en el caso de México simplemente brillan por su ausencia, por lo que nuestro país ha estado más cerca de la ingobernabilidad y la invo-lución que de la consolidación y la afirmación de un nuevo régimen democrático. Estos procesos son: a) la destitución autoritaria, o sea, la derogación y abandono gradual de usos, prácticas, normas y costumbres propias del viejo régimen autoritario; y b) el rediseño y la actualización en clave democrática de todo el entramado normativo e institucional heredado del viejo régimen, o sea, la reforma del Estado. Basta que falte uno de estos procesos para que la transición democrática se complique y aparezcan situaciones patológicas del viejo régimen que, en lugar de corregirse en el nuevo, se reeditan y fortalecen con una carga negativa y contradictoria para la propia democracia en ciernes. La consecuencia es la parálisis decisional, la simulación, la ingobernabilidad y el desencanto creciente de cada vez más ciudadanos. Esta descripción aplica perfectamente para México, donde no sólo han estado ausentes estos dos procesos inherentes a cualquier transición, aunque se hayan logrado algunos éxitos relativos en materia electoral y hoy empieza a discutirse la reforma del Estado en el Congreso, sino que han resurgido con nueva fuerza inercias autoritarias que en lugar de quedarse en el pasado crecen a la sombra de los déficit normativos e institucionales que nuestra transición no ha podido subsanar en todos estos años de alternancia política. Entre estas inercias autoritarias destacan algunas que reeditadas en el nuevo régimen adquieren tintes novedosos pero igualmente contradictorios con la lógica de cualquier democracia. Así, por ejemplo, en lo que va del sexenio calderonista hemos visto un fortalecimiento de líderes sindicales a la mejor usanza priísta, como en el caso de Elba Esther Gordillo, recientemente proclamada dirigente vitalicia del SNTE, y que gracias a su relación con Felipe Calderón ha obtenido cuantiosas sumas de dinero y posiciones de poder, en una lógica corporativa estatal y clientelar que en su momento inventó el PRI y que ahora el PAN ha perfeccionado, pese a que este tipo de prácticas son antidemocráticas. Lo mismo puede decirse de la reedición en México de las así llamadas en su momento concertacesiones, mediante las cuales la oposición, en este caso el PRI, obtiene ciertas concesiones y beneficios del gobierno a cambio de apoyarlo en sus iniciativas de reforma en el Congreso. Por esta vía, claramente antidemocrática, el PRI puede lograr la impunidad de los personajes más oscuros, corruptos y autoritarios de la clase política, como los gobernadores Mario Marín y Ulises Ruiz, o el candidato priísta a la gubernatura de Baja California, Jorge Hank Rhon. Otro ejemplo inquietante es el nuevo protagonismo que está adquiriendo la Iglesia católica, que abiertamente ha iniciado una campaña para echar abajo los principios del Estado laico y promover así la educación religiosa, el proselitismo político y disponer de medios de comunicación propios, todo lo cual constituye un paso atrás en materia de secularización cultural. Por si esto no bastara, algunos partidos han recurrido a prácticas contestatarias y desleales propias de una oposición antirrégimen que sólo emergen en contextos autoritarios. Tal es el caso del PRD y su “presidente legítimo”, cuyas acciones y declaraciones se asemejan más a las de grupos guerrilleros violentos, como el EPR que ha saltado recientemente a la palestra de manera violenta, que a las que deben caracterizar a un partido de oposición en un contexto democrático, es decir, una posición institucional y responsable. Por todo ello, parece que nuestra transición se ha detenido en un punto de difícil salida. Los actores políticos en general no han estado a la altura de los desafíos que supone construir un verdadero régimen democrático y siguen reproduciendo los viejos vicios del quehacer autoritario que se resisten a morir. cansino@cepcom.com.mx Director del Centro de Estudios de Política Comparada |
