| Las explosiones ocurridas en poliductos de Petróleos Mexicanos en Guanajuato y Querétaro fueron reivindicadas por el Ejército Popular Revolucionario. Sea el autor único o aparezcan otros posibles protagonistas, estos actos criminales deben ser condenados sin ningún tipo de atenuante. No hay razón, política o económica, que justifique tales delitos. El EPR y el llamado Partido Democrático Popular Revolucionario pretenderían obligar al gobierno a liberar a dos de sus militantes que, aseguran, fueron detenidos el 25 de mayo en Oaxaca. Si es así, equivocan el método. Sorprende que el EPR resurja, después de un tortuoso proceso de escisiones que hace prácticamente seis años lo mantenían con apariciones esporádicas y menores en el escenario nacional. Antes de eso se le conoció por dos secuestros empresariales de gran envergadura, Harp y Lozada, y después por ruidosos e inofensivos petardos a la puerta de sucursales bancarias. Hoy se presentan como autores de una sucesión de explosiones capaces de cortar el suministro de combustible que alimenta a la industria del Bajío y el Occidente del país, lo que causa preocupación en la sociedad, bastante lastimada ya por la violencia del crimen organizado. Tampoco podemos ser ingenuos ni descartar a priori otras líneas de investigación, desde el sabotaje interno hasta quienes desde el exterior desearían afectar el suministro de energéticos a Estados Unidos. Es correcta, entonces, la posición inicial de las autoridades competentes de mantener abierto el expediente, a pesar del comunicado del EPR. Pudiera, asimismo, tratarse de un problema que trascienda nuestras fronteras. En febrero pasado, La voz de la Guerra Santa, un sitio en internet de Al-Qaeda, hizo un llamado para “atacar intereses petroleros en todas las regiones que sirven a EU, no sólo en Medio Oriente”, y se refirió en específico a México. También es bienvenido el anuncio por parte del Ejecutivo respecto a reforzar la seguridad en las instalaciones estratégicas de todo el país. Se han tardado en esta tarea de impresionante magnitud, pues no sólo incluye los 42 mil kilómetros de ductos de Petróleos Mexicanos y sus campos, pozos, plataformas marítimas, refinerías, depósitos y camiones cisterna, sino también las grandes generadoras de electricidad, centros y redes de telecomunicaciones. Sean de adentro del país o vengan de afuera, los que suponen que la democracia no funciona —por deficiente que ésta sea— y que hay que hacer valer las opiniones propias por la fuerza, deben ser combatidos con la ley en la mano y ensanchando los caminos de la política para dirimir cualquier diferendo dentro del país. No hay espacio para la violencia en México. Mantengamos abiertos canales de trabajo en la gobernabilidad, mientras la seguridad se refuerza. Previsiblemente, Ejército y policías deberán dividir y multiplicar su acción para proteger a quienes vivimos dentro del estado de derecho. Urge una investigación profesional y científica que deslinde correctamente los hechos sobre las instalaciones de Pemex, para castigar a los responsables. En esta coyuntura, además, es deseable la unidad en el país; no caben los enojos ni la repartición de culpas sino la disciplina para proteger, además de los bienes materiales de la nación, la tranquilidad de todos. | 
