| En el fondo de la creciente intensidad de la delincuencia -organizada o no- subyace la impunidad, el crimen sin castigo. En México, delinquir paga. Tenemos que poner un alto como sociedad a este hecho que tanto lastima a nuestra nación. Mientras los transgresores de la ley calculen que sus acciones criminales no tendrán consecuencias para ellos y quedarán, si acaso, en meros registros de estadística y notas de prensa, difícilmente van a contenerse. Simple: actúan racionalmente. En siete años, de 148 mil detenidos acusados por narcomenudeo, sólo unos 61 mil fueron consignados; los otros quedaron en libertad. Estos datos son de la Procuraduría General de la República. Además, no se sabe cuántos de los consignados fueron finalmente condenados a prisión, pero sí son muy conocidas las fallas, auténticas o premeditadas, en la integración de las averiguaciones previas que facilitan eludir las prisiones, y las variadas formas de presionar o inducir los resultados de los juicios penales a favor de los pocos que enfrentan a la justicia. Hay insuficiencias de formación ética en muchos funcionarios, pero también es necesario revisar el aparato de justicia en su conjunto. Esa revisión puede darse ahora que se estudia la reforma del Estado, para moderar la sobredimensión que tiene el Ministerio Público, abrir los juicios al escrutinio ciudadano y modernizar los procedimientos, que consumen literalmente la vida de los actores. El asesinato de periodistas forma parte de las cifras de impunidad general, aunque es particularmente lesivo para el desarrollo de una sociedad democrática, porque al matar a un comunicador se atenta contra la libertad de expresión en general. El relator especial sobre Libertad de Prensa de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ignacio Álvarez, advirtió ayer que "cuando el Estado no logra garantizar la vida y la seguridad personal (de los periodistas), se propicia una situación de autocensura que afecta a toda la nación". Cada agresión a un periodista que queda en la impunidad es una invitación a que se repitan los ataques. Con excepción de Irak, que libra desde hace cuatro años una guerra contra la ocupación, México es el segundo país más peligroso del mundo para los comunicadores. Tocamos dos casos extremos, el de la droga y el de la prensa, pero enmedio hay una vastísima gama de delitos contra la integridad personal, el patrimonio y la vida misma que se cometen también con garantía de impunidad. Los datos estadísticos son alarmantes, pero sólo reflejan parte de la realidad. Muchos delitos ni siquiera son denunciados por las víctimas, escépticas ante la justicia o reacias a perderse en los tortuosos laberintos de la burocracia judicial, con prácticas viciosas y amenazas apenas encubiertas. El estado de derecho en México sólo será posible cuando la ley impere sobre la convivencia social y rija el desempeño de la autoridad. Porque, paradójicamente, la impunidad también protege a los funcionarios que no cumplen con su deber de hacer cumplir la ley. Ésos también están libres cuando no debería ser el caso. Indigna y frustra que las probabilidades de purgar una condena por cometer un delito sean tan bajas, pero da esperanza que, a pesar de ello, haya tantos mexicanos honestos. | 
