| Con rigor jurídico, compromiso ético y sensibilidad social, la Corte ha hecho prevalecer la Constitución y el bien público nacional sobre los intereses particulares que, en desmedido afán, intentaron ventajas indebidas y privilegios inadmisibles. La ley Televisa sucumbió ante su propia desmesura. Ese hecho, fruto de un proceso incuestionablemente soberano de los ministros, pone fin a una etapa, pero de ninguna manera representa el triunfo de la larga lucha por la democratización de los medios de comunicación en México. Hay todavía un largo camino por recorrer y, con la enorme carga que contiene la expresión -para quienes ya quisiéramos respirar de otra manera-, es menester decir que la verdadera batalla tendrá que recomenzar y lo más duro está por venir, pues de no lograrlo se puede reforzar el poder que hemos decidido contrapesar y limitar. La Corte impidió el abuso, pero sigue vigente el modelo de desigualdad e injusticia que permite concentrar en unos cuantos la arteria más importante del sistema democrático para una sociedad bien informada: los medios, particularmente la televisión. Están ahí, vivas y, nunca como ahora, acuciantes las deformaciones y distorsiones para la protección de sus intereses económicos y cómplices del statu quo. La agenda social no pasa por la televisión porque le es adversa al sistema financiero y político en el que ha fincado su expansión, y por supuesto lo protege. Esa confabulación es el mayor obstáculo para el cambio democrático con sentido de justicia. El dato más reprochable de ese comportamiento es, sin duda, el atropello del derecho a la información y a la libre expresión de todos los ciudadanos, pero no menos penosa y cuestionable es la manera en que las dos principales empresas de televisión no sólo uniforman, imponen y subordinan a sus intereses a los reporteros y conductores de casa -a quienes los hacen de plastilina-, sino la capacidad de presión o negociación para uniformar a su postura a no pocos columnistas y algunos periódicos. Por supuesto, en el recuento de daños de la batalla contra la ley Televisa la afectación que ha tenido el libre ejercicio periodístico es uno de los saldos más preocupantes, sólo en esa especie, revelador del frío cálculo de poder sin límites, sin contrapesos, sin competencia. De ahí la importancia de no quedarnos en la celebración de una batalla, sino asumir que la tarea de la construcción de un nuevo marco jurídico tiene ciertamente hoy mejores condiciones, y como marco referencial ineludible el macizo debate de los ministros. Cerca de 60 legisladores que concurrieron a la aprobación de las reformas el año pasado permanecen en el Congreso al haber podido transitar de una cámara a otra. Estoy cierto que en ese grupo hay varios que podrían rectificar, aprovechando una de las pocas oportunidades que la política brinda para enmendar errores y destacar una nueva actitud. Hay quienes lo hicieron inmediatamente después de la aprobación. Nuestro deber es trabajar con todos y cada uno de los legisladores de todos los partidos y convencerlos de dos actos fundamentales de liberación estructural para el Estado: primero, quitarle a la política el yugo de la contratación de publicidad electoral, que deje atrás esa dependencia existencial con los barones de la televisión a partir de la prohibición expresa de destinar un solo centavo a la compra de spots; y segundo, una legislación que modernice a la radio y a la televisión tanto en el otorgamiento de concesiones como de contenidos, que amplíe la oferta comunicacional no sólo a través de nuevos competidores privados, sino de manera fundamental, reforzando el sistema de medios de servicio público y el acceso de los pueblos y las comunidades indígenas a medios propios, que reconozca la radio comunitaria, y asegure derechos a los ciudadanos frente a las empresas de comunicación, como el inexcusable derecho de réplica. Necesitamos postular con el vigor de una exigencia perentoria la respuesta coherente de nuestros legisladores a lo que pasó en la Corte, por más que algunos se sientan señalados o desnudados en la irresponsabilidad que se aprobó el engendro. Y debe seguir siendo transversal a partidos nuestro esfuerzo, y abierta nuestra causa a sumar nuevas energías; por supuesto, aquellas mismas que hoy han corregido rumbo y visión frente al problema. En medio de todo está ni más ni menos que nuestro ideal de método para convivir en sociedad y vivir en la República: la democracia. Pero no la que se agota en lo electoral y tiene hoy como soportes exclusivos el dinero y la pantalla de la televisión. Se trata, ni más ni menos, de la democracia en la que no deban subsistir la miseria y el desamparo, la ignorancia y la inseguridad. Mantenernos en constante pie de guerra contra el asalto de la mentira y de la avaricia, de los corruptores y de los perezosos, es lo que sigue. Vale recuperar para el nuevo aliento de la larga lucha que nos espera las palabras del chihuahuense universal que fue Manuel Gómez Morín: "Nunca celebremos la llegada; cada día, todos los días, conmemoraremos y reiniciaremos la partida". Profesor de la FCPyS de la UNAM A Juan Villoro | 
