| Ayer se cumplió un año del fallido desalojo -por parte de la policía estatal- de los maestros de la sección 22 del SNTE, que habían tomado el centro de la capital de Oaxaca. Desde ese día, un conflicto eminentemente magisterial escaló hasta convertirse en un callejón político y social sin aparente salida, con 23 muertos a cuestas, que todavía tiene en jaque a la entidad por falta de disposición y talento negociador de las partes en conflicto. Si bien el apoyo de la fuerza federal fue decisivo para que meses después el gobierno estatal recobrara de manos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) el control callejero de la capital, el hecho es que tampoco desde entonces ha habido trabajo político de altura para restablecer el tejido social roto por aquel conflicto. Como apuntara el politólogo Alfonso Zárate ayer en un chat con los lectores de EL UNIVERSAL, en aquella entidad se han instalado dos fundamentalismos: los de una izquierda radical y los de un gobierno sin argumentos y sin legitimidad para arreglar de fondo el problema. En el mismo chat, Héctor Ramírez, secretario técnico del gobierno de Oaxaca, comentó en varios momentos sobre la disposición de su gobierno a abrir canales de diálogo y a buscar alternativas de solución al conflicto, sin que dichas afirmaciones se hayan traducido en hechos durante los últimos 12 meses. El gobernador Ulises Ruiz no tiene la fuerza para sentar en la misma mesa a todos los actores políticos estatales, y su presencia, más que ayudar, ha estorbado a que el barco de las negociaciones avance. Su obstinación y los asesinatos de opositores a manos de patrullas paramilitares con amplias evidencias de mando estatal le hacen moralmente imposible seguir gobernando mientras no haya una investigación seria de esos hechos. Se acerca de nuevo la emblemática celebración de la Guelaguetza, y la falta de interlocución política seria ha provocado que se renueven las amenazas de la APPO para boicotear el evento, con todo lo que ello implica en pérdidas económicas para el pueblo de Oaxaca. La caída del turismo y el sector de los servicios ha sido vertical desde entonces. Entrampado en esos dos muros de intolerancia y cerrazón, donde la ciudadanía oaxaqueña es la verdadera víctima, parece más que oportuno que un tercero en discordia, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acelere sus trabajos rumbo al análisis de la situación oaxaqueña. Ayer el ministro Góngora Pimentel, a título personal, señaló que "Oaxaca no continúa en llamas pero arde internamente. La sociedad oaxaqueña está esperando justicia. El trance social no ha concluido y es necesaria nuestra intervención", dijo, refiriéndose a la Suprema Corte. Oaxaca no puede seguir siendo rehén ni de caciques políticos ni de turbas sobreideologizadas que aprovechan desde los extremos el desconcierto local para apostarle a la polarización sistémica. En Oaxaca hay que resolver grandes problemas sociales y siglos de agravios, sí, pero deben encauzarse vía liderazgos legítimos que no tengan como estrategia perjudicar a la población primero y ya después conseguir sus objetivos. | 
