| Nadie podría negar la necesidad de reformar al ISSSTE y su ley; como estaba funcionando era inoperante, fundamentalmente para los trabajadores. Lo que no es comprensible es que la reforma sea a costa de los trabajadores sujetos al apartado "B" de la Ley Federal del Trabajo y sean los que tienen que hacer la mayor aportación sacrificando derechos adquiridos. La crisis del ISSSTE viene de mucho antes, de cuando los gobiernos irresponsables dispusieron del dinero destinado a pensiones y jubilaciones para, en algunos casos, construcción de hospitales y abastecimiento de insumos. Es decir, el origen de la crisis no es culpa de los trabajadores. Como ha sucedido en nuestro país durante los últimos lustros, quienes tienen que aportar para salvar las instituciones son los trabajadores y los que menos tienen. El caso de la banca es un buen ejemplo. Una vez más, ante la falta de vigilancia de las autoridades, los dueños de los bancos privatizados hicieron grandes negocios personales y finalmente hubo que proceder a su salvamento para que, se nos decía entonces, no se perdieran los recursos de los cuentahabientes, que en su gran mayoría por supuesto no tenían la culpa del robo que habían hecho unos cuantos. Pero resulta que este salvamento de la banca y la creación del Fobaproa fue a costa de todos los mexicanos, y se han tenido que destinar recursos públicos -que podían haberse asignado a programas de combate a la pobreza, salud o educación- a cubrir los faltantes en los bancos. Y ha sido así en el caso de los ingenios, de las carreteras y así podríamos continuar. El patrón seguido por los diferentes gobiernos cuando se trata del sector privado es ayudarlo en exceso y cargar al pueblo con los costos. Ahora, en el caso de las reformas al ISSSTE, resulta que los que tienen que hacer el salvamento son los trabajadores, aceptando modificaciones para que se diga, según la propaganda oficial, que "se está impulsando la modernización de las instituciones de seguridad social que son el patrimonio de los mexicanos", como se ha afirmado recientemente. Pero resulta que ese patrimonio, que era de todos los mexicanos, alguien lo dilapidó y no fueron precisamente los trabajadores. Uno de los grandes problemas, y quizás el principal, es lo terriblemente confusa que es la nueva ley y la cantidad de situaciones que no están previstas, que supuestamente se podrán resolver con los reglamentos específicos, pero para las cuales a los trabajadores hoy no se les dan respuestas claras, porque ni sus propios promotores las saben. Les pareció muy sencillo hacer la propuesta copiando algunas leyes de otros países, sin tomar en consideración las particularidades de una ley que afecta de manera diferente a cada persona. Deberían haber entendido que no estaban haciendo una ley para importar vehículos, sino una ley para el manejo del patrimonio fundamental de millones de mexicanos. Otro tema de lo más preocupante a mi juicio es el referido a las cuotas y aportaciones. Con el antiguo sistema las dependencias públicas aportaban más que los trabajadores; con la nueva ley y los incrementos que tienen que hacer obligatoriamente los trabajadores, a partir de 2012 estarán aportando más que las dependencias públicas, y este es un punto fundamental donde se afecta a los trabajadores. Otro más es el referido a las famosas cuentas individuales que forzosamente tendrán que abrir, ya sea dentro del Pensionissste o, a partir de tres años, en afores privadas. Ya hemos visto lo que ha sido el manejo de las afores, donde las ganancias que han tenido los dueños de ellas, principalmente bancos, han sido, podríamos decir por lo menos, exageradas y fuera del contexto internacional en este tipo de operaciones. Ahora va pasar lo mismo con los recursos de los trabajadores incorporados al ISSSTE, donde además de, como hemos visto, aportar más al sostenimiento del sistema, también se les va a quitar una parte de su patrimonio vía las comisiones que se cobren por el manejo de su dinero. Incluso se le cobrarán comisiones se encuentren con empleo o desempleados. Todavía no se sabe a cuánto ascenderá la comisión que se va a cobrar en el Pensionissste, que durante los primeros tres años es el único facultado por la ley para manejar las cuentas individuales; y tampoco se sabe cuándo la darán a conocer. Con la ley anterior no se pagaba cuota alguna por este concepto, pero les da igual, ya que obligatoriamente se tendrá que pagar, se quiera o no. Se habla que como un beneficio de la nueva ley se podrán pasar los ahorros de un sistema a otro; por ejemplo, del IMSS al ISSSTE o viceversa, lo cual está bien. Pero esta supuesta transferencia de derechos, como le llaman, está sujeta, primero, a las reglas de cada instituto; segundo, a la aprobación de la junta directiva de cada instituto; tercero, a la opinión favorable de la inmaculada Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y cuarto, a los convenios que se celebren. Como vemos, será de lo más sencillo realizarla. Según hemos visto y leído, hay una gran cantidad de preguntas sin resolver y referidas a cuestiones básicas, como las planteadas arriba o con respecto a cómo se integra el sueldo básico que sirve para fijar el monto de la cotización, o el pago de la gratificación anual al pensionado, etcétera. Por todo ello, sería recomendable que las autoridades dijeran que esta nueva ley, sin duda, modifica los derechos adquiridos en materia de pensión, jubilación y protección médica para decenas de miles de trabajadores; y que, como resultado de la incapacidad que tiene el gobierno para apoyarlos, es necesario que ellos aporten más años de trabajo y más recursos propios para su vejez y jubilación. Si todo está tan bien como afirma el gobierno, ¿por qué tantos amparos? Y sobre todo, digan la verdad completa y no a medias, porque esto, en un servidor público, es causa de responsabilidad administrativa. Analista político y economista |
