Pablo Gómez, quien encabezaba a los diputados perredistas cuando votaron en forma unánime y disciplinada la ley Televisa, ha confesado que ni siquiera la vieron para su aprobación. ¿Y si la hubieran leído?

La pregunta es pertinente ya que no sólo el texto de la nueva disposición legal se impuso en el marco de la contienda electoral presidencial pasada y, bajo el peso abrumador de presiones del retiro de cualquier insumiso candidato de la pantalla, fue y es un proyecto deliberadamente destinado a confundir en beneficio de los concesionarios.

Acerquémonos a una parte toral: el artículo 17 de la propuesta dice: "Las concesiones previstas en la presente ley se otorgarán mediante licitaciones públicas". Se podría festejar que ahora hacerse de una concesión sea de ese modo, como nunca se ha hecho. Pero, un pero gigantesco que no oculta el olor a maña es el texto del artículo precedente, el 16: "El término de una concesión será de 20 años y podrá ser refrendada por el mismo concesionario, que tendrá preferencia sobre terceros. El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17".

Es clarísimo: las concesiones estarán garantizadas al larguísimo plazo de 20 años y serán refrendadas siempre por el mismo concesionario ya que nunca ocurrirá que alguien renuncie a una mina de oro. Por si se quisiera añadir aún más a los favores, ninguna concesión ya otorgada se verá obligada a licitar nada. En otras palabras, se mantendrá y ampliará el mismo marco de canonjías que hicieron de la televisión un pilar en la construcción del sistema vertical y autoritario que duró 70 años.

Lo que debiera ser la condicionante mayor, es decir, la carta de programación y con ello la garantía de calidad en las emisiones, los defensores de los privilegios a los concesionarios preguntan airadamente, "¿quién es el guapo que debe dictar las normas de contenido? Y con ello constreñir la libertad informativa". Bien lo saben, no tienen contrapesos. Ejercen un poder decisivo tanto en la clase gobernante como en la conducta colectiva de la nación.

No obstante esa descomunal omnipotencia, jamás han tenido que pasar por los procesos a los que se someten quienes aspiran al poder: al sufragio con todas sus reglas. Su preponderancia es tal que está por encima del tiempo y la influencia de los políticos. Por ello imponen una legislación de tal ambición, que incluye de golpe a las telecomunicaciones, al internet y a la radiodifusión a través de todos los avances tecnológicos. A eso le llaman triple play y, por supuesto, el paquete ya es manejado por los mismos que diseñan y norman los contenidos mayoritarios en los que se modela en forma preponderante la identidad nacional.

De negarse la inconstitucionalidad de los artículos principales de la ley ya adoptada, a los concesionarios no se les exigirá probar que han cumplido ni aceptar condiciones nuevas. Aprobar esta forma de refrendo será crear un derecho a perpetuidad que, bien mirado, ya existe. Como en las monarquías, las concesiones van de una a otra generación familiar, y hoy lo que buscan es ampliar esa tradición con todas las garantías, que no son propias de las democracias pero sí muy cercanas a las tiranías. ¿Cómo podrá -si en verdad lo quiere- el Estado nacional impedir la concentración de esas concesiones federales y eliminar el actual monopolio bicéfalo que controla a la televisión comercial?

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Escritor y periodista