No hacían falta más argumentos para reconocer la necesidad de reformar el código electoral, pero ahora hay otro: resulta que nadie sabe cuánto costaron y quién pagó 281 mil spots difundidos durante las campañas electorales del año pasado. La consecuencia inmediata de ese hueco de información fidedigna es que el IFE ha decidido emprender una investigación oficiosa para tratar de dilucidar el origen de esos mensajes, aunque ya la propia autoridad hizo el recuento y tiene la evidencia en las manos.

Es el mundo al revés. Los partidos están obligados por ley a informar del origen de todos los recursos que hayan utilizado en campaña, y también del monto y el destino de todas sus erogaciones. Esos informes deben dar cuenta detallada, además, de cualquier modalidad de financiamiento obtenido (en dinero o en especie), así como de su empleo y aplicación. En sana lógica, eso significa que si aparece alguna omisión o, como es el caso de los spots, una erogación evidente que no fue reportada fielmente, la autoridad debe sancionarlos de inmediato.

En estricto rigor jurídico, son los partidos quienes debieron explicar las razones por las que esos mensajes electrónicos no fueron revelados y no la autoridad quien debe salir a buscar explicaciones. Si en mi cuenta de banco aparecen 100 millones de pesos repentinamente y yo los gasto con felicidad, no se me ocurriría pedirle a Hacienda que me exculpe de toda responsabilidad hasta que las autoridades no investiguen de dónde vino ese dinero. Es completamente absurdo.

Sin embargo, todo indica que la coalición formada por todos los partidos políticos ante el IFE ha logrado derrotar la lógica y ha conseguido ganar tiempo. Por su parte, la autoridad enfrentará esa investigación con medios débiles, pues la propia legislación de la materia le impide obligar a los particulares a informarle sobre sus relaciones políticas o comerciales con los partidos, y menos aún sobre las ilícitas.

Como bien se sabe, el IFE puede y debe vigilar y sancionar la conducta de los partidos y de sus militantes, pero no puede ni debe actuar sobre las demás personas. El poder concedido a las autoridades electorales está ceñido exclusivamente a los partidos políticos, y a nadie más. De modo que si les preguntan a las televisoras y no les contestan, ya no podrán hacer nada más que cerrar el caso y confiar en que el Tribunal Electoral, si así lo decide a partir de la impugnación de algún partido, les otorgue los medios jurídicos para volver a actuar.

Tan evidentes son las limitaciones de las autoridades electorales en esa materia, que buena parte de esta nueva confusión se deriva del incumplimiento del convenio amistoso que habían suscrito las empresas televisoras con el IFE (a través de la cámara que las agrupa) para informarle de los contratos celebrados con los partidos.

Sin embargo, los empresarios no cumplieron su compromiso (y no están obligados a hacerlo), y los partidos han armado toda una estrategia para desconocer el dato. Pero unos y otros esperarán sentados a que las autoridades electorales investiguen y prueben lo que, en rigor, deberían haber informado ambos conforme al procedimiento previamente establecido.

Habrá que armarse de paciencia, pues la investigación oficiosa puede tomar mucho más tiempo que los tres meses prometidos por el IFE. De entrada, ya sabemos que los plazos formales que tenían los partidos para aclarar los errores y las omisiones en las que incurrieron fueron completamente insuficientes. Conforme a la ley, en ese lapso debieron precisar las razones por las que no incluyeron los 281 mil spots que nadie admite, mientras que la autoridad electoral tuvo 120 días para revisar los datos presentados antes por los partidos y todos los medios para solicitarles la documentación que hiciera falta para probar su veracidad.

También tuvo a la vista los resultados del monitoreo que prueba la existencia de esos spots, de modo que contó con el tiempo necesario para cotejar los informes presentados con su propia evidencia. Pero al llegar al final de la ruta, se nos informa que hay que volver al principio (mientras el Tribunal Electoral no lo prohíba). Así pues, los partidos saldrán impunes (al menos respecto el origen y el monto de los famosos spots), los medios mantendrán el sigilo sobre sus clientes de lujo o, peor todavía, sobre las aportaciones que les hicieron por debajo de la mesa, y el proceso electoral de 2006 seguirá vivo.

Por otra parte, al concluir la investigación se abrirá otro capítulo, pues los partidos políticos podrán impugnar sus resultados ante el Tribunal Electoral quien, con las facultades judiciales que tiene en las manos, podrá ordenar la apertura de otros expedientes que se hayan mantenido cerrados a los ojos del IFE, para volver nuevamente a la indagación sobre el origen de las aportaciones. Y nadie puede saber, a ciencia cierta, cuántos meses tomará ese procedimiento. Buena noticia para los partidos, que así habrán ganado más tiempo para inventar otra salida, o para producir un nuevo enredo.

Mientras tanto, seguiremos acumulando dudas sobre el proceso electoral del 2006. Si ya las teníamos en abundancia, ahora hay que sumar la incertidumbre sobre los gastos realizados por los partidos, sobre los apoyos que recibieron de las empresas y sobre el respeto a los topes de campaña. Tres datos que están perdidos entre las grabaciones de los spots, y cuyo destino no podremos saber sino hasta que la investigación oficiosa ordenada por las autoridades electorales no concluya de manera definitiva.

En cambio, ya sabemos que el régimen electoral mexicano está en crisis. Es probable que los estrategas de los partidos estén celebrando las decisiones tomadas por las autoridades, pues consiguieron eludir sanciones y responsabilidades públicas que les habrían hecho daño. Pero el costo sigue cargando a la cuenta de nuestras instituciones electorales, que a estas alturas ya han pagado toda clase de facturas. Y ahora tendrán que sufragar otra, porque nadie quiere confesar quién pagó las campañas espantosas del 2006.

Profesor investigador del CIDE