Los presidentes mexicanos gozan de la atribución constitucional de ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero carecen de las instancias legales y políticas con las que podrían cumplir de manera eficaz ese papel.

En otros países latinoamericanos, el mando supremo de las fuerzas armadas se apoya en un secretario civil de la Defensa que, junto con un equipo de expertos civiles y militares, brinda asesoría para trazar los lineamientos estratégicos de la defensa nacional, sugiere cambios a la legislación militar, contribuye a integrar las políticas militares con la política de seguridad nacional, planifica el presupuesto militar y administra los asuntos de defensa.

Algunos de estos secretarios civiles de la Defensa se han convertido en presidentes de la República, como es el caso de la presidenta chilena Michelle Bachelet, quien fue la ministra de Defensa durante el gobierno anterior de Ricardo Lagos.

Con una vida cercana a los asuntos militares, pues su padre fue un general allendista que murió asesinado en la cárcel durante la dictadura del general Augusto Pinochet, la presidenta Bachelet está en condiciones de seguir aportando su propia visión para consolidar la transformación de las Fuerzas Armadas chilenas.

Aunque sería una ventaja, no es indispensable sin embargo que los presidentes dominen los temas de defensa, a la manera de Bachelet. Los presidentes pueden apoyarse en un equipo de expertos en temas estratégicos y de defensa que diseñe las directrices políticas principales y asegure que las acciones de las fuerzas armadas sean coherentes con el interés nacional, con la normalidad democrática y con un plan nacional de seguridad y desarrollo.

México, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Cuba y Venezuela son los únicos países que tienen a militares en lugar de civiles como secretarios o ministros de Defensa. La semana pasada, Ruth Tapia Herrera fue nombrada ministra de Defensa de Nicaragua.

A falta de un ministerio civil de la defensa en México, esta mediación civil también podría lograrse mediante las comisiones de defensa nacional o de marina. Sin embargo, la práctica de no reelección de los legisladores, la falta de preparación legislativa en temas militares así como el déficit de asesores especializados en las cámaras de diputados y senadores han impedido que estas comisiones asuman un papel más determinante en la formulación de políticas de defensa y de mecanismos de control legislativo de las instituciones militares.

Los presidentes han tenido que enfrentar solos a las Fuerzas Armadas y aceptar, en aras de la estabilidad institucional, esos márgenes de autonomía que los militares han construido a lo largo de casi ocho décadas. Las Fuerzas Armadas, por su parte, han rechazado cualquier esquema de intermediación civil que pueda colocarse a la mitad del camino entre los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina y el Presidente de la República.

El intento más cercano de construir una intermediación civil fue el nombramiento de Adolfo Aguilar Zínser como consejero presidencial de Seguridad Nacional. En el decreto original del 4 de enero de 2001, el presidente Vicente Fox le atribuía al consejero las tareas de asesorar y dar apoyo técnico al presidente en la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas de seguridad nacional.

Zínser se topó con una pared cuando trató de cumplir con la tarea de proponer lineamientos para orientar la coordinación de las instancias que generaban inteligencia para la seguridad nacional. Los generales no estaban dispuestos a subordinar sus sistemas de inteligencia bajo esquemas no militares ni se mostraban dispuestos a colaborar con alguien que pretendía interponerse en su acceso directo al presidente.

Tras una serie de presiones provenientes del Ejército, Zínser fue removido de ese cargo en 2002. Fox asumió directamente la coordinación del aparato de seguridad nacional y más tarde, el 9 de abril de 2003, decretó la desaparición de la figura del consejero y restituyó la existencia del gabinete de seguridad nacional.

El presidente Felipe Calderón ha mostrado que su régimen necesita de la presencia y acción de los militares para sostener la lucha contra el narcotráfico que ha emprendido desde el inicio de su administración.

En los primeros seis meses de su gobierno, Calderón ha concentrado su esfuerzo principal de política interior en el uso intensivo de las Fuerzas Armadas, sin dar señales de que intente crear algún cuerpo intermediario entre los comandantes militares y el mando civil representado por el Ejecutivo federal.

Las órdenes del presidente Calderón pasan directamente a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, y éstos las ejecutan con ayuda de sus estados mayores respectivos. A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, México carece de un sistema de políticas de defensa para que los civiles contribuyan en la elaboración de la política militar y asesoren directamente al presidente.

Luego de la experiencia fallida del consejero presidencial de Seguridad Nacional, resulta difícil pensar que el gobierno se arrojará de nuevo a crear una instancia de intermediación civil sin la anuencia del Ejército. La única opción viable por el momento recaería en las comisiones de Defensa Nacional y Marina del Senado y la Cámara de Diputados, pero sería indispensable que éstas, con todo y las limitaciones que les imponen la no reelección, eleven su perfil y se conviertan en unas instancias de supervisión y planeación efectivas de la política de defensa nacional del país. Ellas tienen la palabra.

Agenda de la Defensa Nacional

Esta relación directa entre el secretario de la Defensa Nacional y el presidente de la República fue la base para la creación reciente del cuerpo especial del Ejército y la Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.

La decisión está plasmada en un decreto publicado el 9 de mayo de 2007 en el que sólo aparece la firma del presidente Calderón y del general secretario Guillermo Galván Galván.

La decisión de crear a ese cuerpo de tropas especiales recae en el ámbito de la política militar y tiene repercusiones inmediatas en materia de presupuesto, lo que obligaría a solicitar la intervención de diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, entre ellas las que estudiarían la posible duplicación de funciones con las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva, integradas principalmente por efectivos de la Tercera Brigada de Policía Militar.

jlsierra@hotmail.com

Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas