Debe combatirse el transfuguismo de los cuerpos policiacos a los cárteles de la droga con rigor. No se puede despedir a un policía que se sospecha corrupto sin hacerlo responsable de sus actos; tampoco es excusa de su parte el magro salario, ni para corromperse ni para evitar cumplir con su deber si ya se han comprometido con la sociedad mexicana al portar el uniforme.

Despedir sin más a mandos policiacos que no han cumplido con sus responsabilidades, como fue el caso de la semana pasada en Sonora, sin que haya procedimiento administrativo ni mucho menos penal correspondiente, como debiera ser por la naturaleza de los hechos en los que estuvieron involucrados, hace que la sociedad se pregunte -y con razón- cómo y quién los va a controlar en la calle.

La historia nos demuestra con frecuencia que el que hoy es policía mañana puede resultar capo, secuaz o sicario, con el valor agregado de haber sido capacitado a costo del Estado.

Para muestras basta un Zeta, ese grupo militar de élite que traicionó su juramento castrense y hoy azota a la sociedad a la que debería proteger.

Ante esto es inaceptable la creciente insubordinación de policías, como estamos viendo en el estado de Coahuila, donde 400 municipales de Torreón se insubordinaron negándose a patrullar la ciudad. La razón: piden aumento salarial y armas.

En lo segundo tienen razón: se necesita dotar a la policía, a todos los niveles, de capacidad de fuego. En lo primero, la negociación salarial, resulta intolerable por la forma e ingenuo por el fondo: si la medida fuera monetaria nadie podría competir con las abultadas cifras que paga la delincuencia organizada a quien le sirve.

Un policía, igual que un militar o un periodista, tiene que devengar un salario competitivo, pero trabaja o debería hacerlo también por valores, y no puede amilanarse y menos chantajear a su superioridad en los tiempos duros.

Una delgada pero firme línea roja separa a criminales y policías. Nadie puede pretender cruzarla a conveniencia sin enfrentar el castigo social.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, en Japón se tomaron providencias para evitar que oficiales que habían cometido abusos contra la población civil o participado en crímenes de guerra se incorporaran en cualquier labor de seguridad.

Se hizo un censo y se fincaron responsabilidades, con las fichas consecuentes de quienes no podrían volver al servicio público. Se armaron expedientes con base en sus hojas de servicio, y además se le preguntó a la población civil sobre su conducta, esa población que es la que no sólo los conocía sino los había padecido. La consideración básica era que, aun en un conflicto bélico, hay un nivel de responsabilidad personal que no puede ser desdeñado, a pesar de lo que sucede institucionalmente.

El combate contra el crimen organizado en México al iniciarse el siglo XXI, guardada toda proporción con el caso japonés, podría derivar una lección del mismo tipo: una población civil que se sacude el yugo de quienes con o sin uniforme portaban armas. Otra lección es que mediante un compromiso moral mayor un país devastado se reconstruyó.