Las imágenes cotidianas de los periódicos y programas informativos con las noticias de sangre en la lucha emprendida por este gobierno contra los narcotraficantes son abrumadoras. Está claro que el mensaje que se está enviando a la población es de miedo y terror en cualquier parte del país, y las autoridades, en lugar de tranquilizar explicando la situación, la agravan al mandar mensajes contradictorios, según sea la fuente que los pronuncia.

Pero lo más peligroso de esta lucha contra el narcotráfico es la participación del Ejército mexicano en amplias partes de la República y tomando el control de poblaciones enteras, como si estuviéramos bajo un estado de sitio. Esta militarización descarada no puede traer ningún beneficio ni a la lucha contra el narcotráfico ni a la democracia mexicana.

Hasta ahora en ninguna parte del mundo el ejército le ha ganado la batalla a los narcotraficantes; en cambio, ha corrompido a las fuerzas armadas, cayendo en las garras de la corrupción a través del dinero inmenso que tienen estas mafias. Tradicionalmente, el Ejército mexicano, con unas cuantas excepciones, se había distinguido por estar al margen de las prácticas corruptas. Ahora que este gobierno decididamente lo ha sacado de los cuarteles al pavimento, será responsable de lo que se vea no sólo en materia de sangre, sino de corrupción. No es nada halagüeño ver tantos uniformes verdes en las calles. Como decía un viejo líder sindical, luego ya no se van a querer regresar a los cuarteles.

Día a día se empiezan a conocer más y más denuncias en contra de los diferentes cuerpos policiacos, incluyendo a los militares, por diversas violaciones a las garantías que todos los mexicanos tenemos. Es urgente y necesario investigar las denuncias que los ciudadanos han interpuesto sobre hechos irregulares, y en aquellas que sean comprobadas, proceder de inmediato.

Paralelamente a esta militarización y virtual estado de sitio, el gobierno ha emprendido una serie de reformas y ha anunciado otras que también han generado desasosiego en parte de la sociedad mexicana. Empezando por la nueva Ley del ISSSTE, que día a día gana adeptos en contra por la vía de los amparos y las manifestaciones de todo tipo. La mayoría de los derechohabientes de este instituto no saben hasta la fecha cuáles son las supuestas ventajas; en cambio, sí ven que muchos de sus líderes están contra ellas. A nadie del gobierno se le ha ocurrido hacer un esfuerzo claro y sencillo de información sobre la nueva ley, a menos que también estén de acuerdo en que no benefician mayormente a los derechohabientes.

Lo que está claro es que, sin duda, el ISSSTE está quebrado y que para poder dar los servicios a los cuales está obligado era necesario hacer cirugía mayor. Pero también está claro que las carreteras concesionadas y los ingenios azucareros también estaban quebrados, pero ahí el gobierno puso el dinero y los rescató. En el caso del ISSSTE, por lo visto, se trata de que sean los derechohabientes los que paguen el desastre del instituto, producto de los malos manejos de años y años.

Además, según varios analistas, tampoco con esta nueva ley están asegurados la sustentabilidad y servicios del instituto. Los ejemplos de países hermanos de América Latina, como Chile, Perú y Argentina, que hicieron algo parecido individualizando las cuentas, les está saliendo mucho más caro de lo que pensaban y aquí ocurrirá lo mismo, sobre todo con la estructura demográfica que tenemos.

Aunado a esta cuestionada Ley del ISSSTE, que todavía nadie puede asegurar en qué acabará, ahora el gobierno pretende hacer una reforma fiscal para obtener mayores recursos y, según las noticias que han aparecido en los medios, también en este caso están actuando mal.

Según la información que se tiene, sólo 8% de la población es la que carga con la mayor parte de los impuestos y, como lo decía el editorial de nuestro periódico el sábado pasado, en nuestro país los extremos se recargan ya que mientras los más ricos y sus empresas encuentran los huecos y las lagunas legales para deducir su pago de impuestos, los informales, que son más de 10 millones, no pagan nada y sí gozan de servicios públicos. Y ante esto la propuesta gubernamental es cargarle la mano a los causantes cautivos.

Se ha mencionado que las autoridades hacendarias pretenden eliminar el subsidio que gozan los asalariados de más bajos ingresos, siendo esta medida una de las pocas que estarían dentro de un esquema de redistribución del ingreso.

El mes pasado, el auditor superior de la Federación mencionó en su informe el caso de grandes contribuyentes que no pagan ni mil pesos anuales de impuestos, debido a las ventajas que les da el fisco, lo cual es una verdadera vergüenza y un atraco a la nación. Hasta hoy ningún funcionario gubernamental ha dicho ni media palabra para desmentir lo dicho por el auditor, lo cual confirma el hecho.

Es por ello que la SHCP, antes de iniciar su cabildeo con los miembros del Congreso para su reforma hacendaria, debe dar muestras de que en verdad busca no sólo mayores ingresos tributarios, sino también reducir la desigualdad creciente en nuestro país; para ello, debería empezar por cobrar más impuestos a los que más tienen y no al revés, como parece ser la propuesta.

Si les está costando mucho implantar la ley del ISSSTE, más les costará pasar ante el H Congreso una reforma fiscal regresiva y antipopular.

Los problemas del país de ninguna manera se resuelven con la militarización creciente de la nación, la cuasisuspensión de garantías ni, aunado a ello, con propuestas regresivas en materia económica y social que tienden a incrementar la ya de por sí escandalosa desigualdad que existe. El gobierno debe dejar de apostar a que los mexicanos aguantan mucho, porque a lo mejor revientan la liga antes de lo que piensan.

Es imposible ganar la batalla contra el narcotráfico profundizando la desigualdad en el país.

Analista político y economista