A la espectacularidad de los operativos de la actual administración contra las bandas delincuenciales hay que sumar la decisión igualmente firme de combatir al narcomenudeo en el DF y en toda la República no solamente con la fuerza de las armas, sino con la de la ley, pues ésta languidece entre las curules, mientras en el último lustro los resultados de decomisos del pequeño comercio de estupefacientes son pírricos.

De acuerdo con un informe solicitado a la Policía Federal Preventiva (PFP), se concluye que en cinco años de operaciones en la capital de la República sólo se han decomisado dos kilos y medio de cocaína y detenido en posesión de drogas o armas a 413 personas, la mayor parte de las cuales fueron puestas en libertad.

Cada año, el rendimiento de la PFP en la capital es menor en comparación con el anterior, al grado de que en el 2004 el informe parece provenir de una pequeña oficina municipal, pues se reduce a tres operativos, 81 detenidos, tres grapas de cocaína, 14 sobres con la misma droga, cuatro miligramos de mariguana, tres carrujos, una bolsa, dos armas cortas, un arma blanca, dos cargadores y nueve cartuchos útiles. Nada digno de un noticiario estelar de televisión.

Esta tendencia se repite en el país. El narcomenudeo no es combatido con vigor. Entre otras cosas porque junto a una decreciente eficiencia de los operativos a nivel local, un proyecto de ley contra el narcomenudeo languidece desde hace tres años.

En el Senado de la República parece no haber urgencia en aprobarlo y no se hará mientras los legisladores no se pongan de acuerdo en si los adictos a las drogas son enfermos, víctimas o simplemente delincuentes. En tanto no quede bien claro esto no podrá definirse cuáles de sus garantías individuales deben respetarse y cuándo estas personas representan un peligro para la sociedad.

También está pendiente la definición de atribuciones en este fenómeno por parte de las autoridades policiacas locales. Hasta ahora algunas han podido lavarse las manos aduciendo que los delitos contra la salud son de orden federal. Esto en el mejor de los casos lleva a la inacción. En el peor a una barroca justificación de su complicidad con base en que no les corresponde combatir ese delito en particular y si los otros no pueden pues allá ellos.

Pareciera que a los diputados y senadores no les inyecta la adrenalina de la urgencia ni el tableteo de los cuernos de chivo que se oyen hasta Los Pinos.

Pedimos corresponsabilidad en los mercados de afuera, ¿quién está viendo a los de adentro? ¿Alguna autoridad mide el impacto de las megaoperaciones y sus aparentemente nulos efectos en la venta de droga en calles y tiendas de barriada, antros y centros de reunión dentro de México?

Desconcierta la desvinculación entre la lucha federal y la local cuando todos son parte del mismo problema: la disputa por el narcomenudeo en una plaza y el jaloneo por una ruta.

Se acumulan los muertos y la violencia, pero paradójicamente no se toca al comercio y al otro lado de la ecuación: el consumidor. Los operativos aumentan a nivel de mayoristas, pero el negocio letal sigue intocado en las calles.