La injusticia en nuestro país permea en muchos ámbitos; uno de ellos, con consecuencias negativas de largo plazo, es la inequitativa recaudación. Sólo 8% de los mexicanos cubre sus impuestos. En ellos —en usted, si es contribuyente cautivo— se recargan los extremos: las empresas de los más ricos que abusan de la deducibilidad, y quienes escudados en la informalidad usan servicios públicos pero no colaboran a amortizarlos.

Trabajadores, empleados del Estado o de la iniciativa privada que cobran un salario del que se descuenta en automático el impuesto, cargan sobre sus hombros al país. Como lo advierten organismos internacionales, esa pequeña proporción de mexicanos cumplidos no incluye a buena parte de las empresas.

No se trata de un asunto meramente ético, ni de lamentarse por la mala suerte para la mermada clase media, sino del futuro posible de la nación.

Los altos precios del petróleo y las remesas no proporcionarán recursos suficientes a México en las décadas venideras. Se ha advertido en el primer trimestre de 2007 un descenso marcado en ambos ingresos.

¿De dónde va a sacar México recursos para afrontar los retos que se le vienen encima? Educación y salud para los más jóvenes, y pensiones para una creciente población en la tercera edad, por mencionar sólo algunos.

Incluso si se efectúa una productiva vinculación entre el Estado y la iniciativa privada en el sector energético, que permita mayores extracciones, las reservas probadas de crudo en nuestro subsuelo, nos advierten los expertos, no alcanzarán la segunda mitad de este siglo.

De mantenerse la situación actual, sin una reforma fiscal profunda que amplíe la base de recaudación, se perpetuaría el círculo vicioso que hace inviables proyectos, como la inversión en ciencia y tecnología —raquítica incluso en comparación con otros países de América Latina, pero indispensable para el despegue de nuestra economía en los nuevos ámbitos de competencia global.

A nadie beneficia este escenario; ni siquiera a los que satisface burlar al fisco, desde la limusina o el diablito de luz del puesto ambulante. Sectores que amparados en alianzas políticas, vacíos legales y métodos de presión social y política, evaden la responsabilidad de contribuir a la construcción de su país.

El Estado en conjunto, los gobiernos locales, y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben poner alto a estos privilegios.

Ya no hay margen para la pequeñez en los partidos. Todos gobiernan, todos necesitan recursos, cualquiera de ellos podría hacerse cargo de la Presidencia el próximo sexenio, y no les será posible emprender planes de desarrollo con la paupérrima recaudación actual.

Cobrar a más pero gastar mejor; decir en qué y para qué se usa el dinero; rendir cuentas; castigar sin excusa la malversación del erario, y mejorar los servicios públicos, es el reverso de la moneda.

Esto lo merece desde ya el reducido universo de contribuyentes que sí cumplen. Pero además restará argumentos a quienes, aduciendo dispilfarro y latrocinio en la clase política, justifican su evasión, sin darse cuenta que el perjuicio la trasciende y trunca la viabilidad misma de su país.