La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha elaborado un detallado y cuidadoso informe. En él se relata la actuación de dicho órgano de la H. Cámara de Diputados en relación con la industria azucarera, específicamente respecto al decreto del 3 de septiembre de 2001, por medio del cual el Ejecutivo federal expropió 27 ingenios a diversos grupos privados.

No deja de sorprender la incapacidad, lenidad y corrupción habidas en esta industria, desde sus orígenes hasta la fecha. A lo largo del siglo pasado y principios de éste, distintos gobiernos han rescatado por causas de utilidad pública los ingenios, los han vuelto a privatizar y de nuevo los han rescatado; han creado y disuelto diversas empresas, comisiones y fideicomisos públicos para su operación.

No obstante, al final de este círculo vicioso que todavía no termina, la realidad es que los campesinos cañeros siguen siendo pobres casi 100 años después de una revolución que se inició en mucho por su situación y continúan igual. En cambio, los dueños de los ingenios, algunos de ellos todavía con supuestos ilustres apellidos de abolengo, herederos de hacendados explotadores de indios, siguen siendo ricos y más ricos. Todo ello con la complacencia de los diferentes gobiernos priístas y panistas.

Quizás la mejor demostración de esta incapacidad ha sido el último decreto expropiatorio de 2001 donde, para realizar tal acción, el gobierno lo justificó con base en que la agroindustria azucarera es una actividad de alto impacto social, por su producción y por el empleo que genera en el campo; que el azúcar es un producto de consumo necesario y básico para la población de bajos ingresos y, por último, que la industria es de interés público. Agregaba el decreto una cosa muy importante, y que ahora ya parece que se está olvidando, cuando decía que otro de los objetivos de la expropiación era eliminar las prácticas indebidas de los propietarios de los ingenios que llevaron a sus empresas a perder dinero y contraer grandes deudas, lo cual los hacía inviables.

Todo lo anterior estaba muy bien y era acorde con la realidad —nada nueva por cierto en esta industria— que se estaba viviendo. Pero siendo dicha industria de interés público, ¿por qué no se expropió toda y sólo se ejecutó en 27 ingenios que estaban quebrados? Hasta la fecha nadie ha dado una explicación razonable sobre este punto, el cual ha sido el fundamental para echar abajo parte de la expropiación y ha obligado al gobierno a devolver los ingenios a los propietarios que realizaron las prácticas indebidas y que hasta la fecha no hemos sabido que hayan pagado cosa alguna por dichas prácticas, que incluso podrían ser delitos, como el fraude.

De los 27 ingenios expropiados, 25 solicitaron el amparo a través de sus representantes legales; el Poder Judicial argumentó, entre otras cosas, que para la expropiación el gobierno nunca justificó la causa de utilidad pública y tampoco acreditó el beneficio que para la colectividad representaba la medida, además de contravenir el principio de la legalidad del artículo 16 constitucional. Y para rematar la serie de tonterías que hizo el gobierno, el juzgador indicó que no se demostraba cómo se conservaría la actividad y se mantendrían los empleos actuales, amén de que incluso no se demostró que se hubiera afectado el sector azucarero, razones por las cuales concedió los amparos.

Los hechos relatados anteriormente demuestran no sólo tontería sino, claramente, irresponsabilidad de los servidores públicos encargados del proceso de expropiación, iniciando por el presidente y los secretarios de Estado involucrados, algunos de los cuales siguen siendo secretarios en el actual gobierno y que deberían estar sujetos, por lo menos, a juicio de responsabilidad administrativa, por su incapacidad y las pérdidas monetarias que implicó su lenidad en este caso. Como resultado de este informe esperaríamos que la ASF promoviera el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.

Como consecuencia de los amparos otorgados, el gobierno tuvo que devolver 14 de los 27 ingenios expropiados, que en su conjunto para el año fiscal de 2005 ya cargaban una pérdida neta de más de 16 mil millones de pesos, que en comparación con el año anterior reflejaban un incremento de más de 900%, según el informe de la ASF. Un total desastre.

Pero, además de lo anterior, se ha encontrado que el gobierno ha protegido y guardado la información, especialmente en el caso concreto de las tres instancias formadas a raíz del decreto para el manejo de los ingenios expropiados ya que, como bien se ha demostrado, ninguna de ellas ha cumplido los fines para los que fueron creadas, adicionándose la negativa de Nacional Financiera (Nafin), organismo público, a entregar documentación e información que le solicitó la ASF, arguyendo que no son empresas paraestatales, situación que sorprendentemente también apoyó la Secretaría de la Función Pública en 2003.

También salta a la vista otro asunto que parece haberse soslayado ante tanta corrupción e incapacidad. Es el referente al Tratado de Libre Comercio (TLC) donde, al pactarse el mismo, se acordó con el vecino del norte que se exportarían a ese país hasta 25 mil toneladas de azúcar durante los primeros seis años, es decir hasta el 2000, y a partir de esa fecha, comprobada la producción, la sobreproducción de azúcar mexicana se podría exportar sin límite. Sin embargo, en el año 2000 Estados Unidos anunció, de manera unilateral, que la cuota mexicana sería de un máximo de 116 mil toneladas. Es decir, los estadounidenses sí pueden modificar a su antojo los términos del tratado y nosotros no hacemos nada. Es muy grave que esto suceda y no haya la respuesta adecuada por parte del gobierno en un asunto tan delicado.

La pregunta que surge es: ¿por qué el anterior gobierno panista cometió los errores que hemos relatado? ¿Fue a propósito, para salvar a los dueños de los ingenios de mayores pérdidas, a sabiendas de que tarde o temprano se les iban a devolver, para seguramente años después volverlos a expropiar? Este asunto no debería cerrarse hasta que los responsables de las pérdidas al erario público sean sancionados.

Analista político y economista