El Instituto Federal Electoral pasa apuros para verificar escrupulosamente el gasto de los partidos políticos en propaganda, principalmente en medios electrónicos, pues está obligado a cuidar que los procesos electorales sigan las pautas de transparencia, equidad y legalidad que se esperarían del financiamiento público que ayuda a legitimarlos.

No es menor la preocupación, ya que el sistema electoral vigente resulta caro a los ojos de muchos; debemos exigir que la autoridad electoral sea cuando menos rigurosa en cuanto a la correcta aplicación de los recursos públicos.

El costo de la democracia no se resuelve con la fiscalización mediática posterior a las campañas, como reconoció el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, en un foro de EL UNIVERSAL. Las revisiones siempre son perfectibles, pero no debe quedar duda que se hizo el trabajo de evaluación de manera exhaustiva y que hay que disminuir las causas estructurales que permiten, si los hubiera, el fraude y la simulación en el manejo de recursos de las campañas políticas.

Mucho hemos corrido desde hace 30 años, cuando se convocó, en otro mes de abril, a la consulta pública para la reforma política, concebida por Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación. En tres décadas se ensancharon los cauces de participación ciudadana y se hizo posible una evolución pacífica hacia esquemas democráticos modernos.

Estamos en los umbrales de lo que debiera ser otra reforma mayor. El 25 de abril se instala la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Estado, órgano rector de ese proceso. Arranca el camino para actualizar nuestra vida partidista, que incluye la electoral, necesitadas ambas de precisiones, normas y actualizaciones, de aquello que con un partido hegemónico tenía sentido, como la representación plurinominal, hoy cuando menos digna de revisión.

Como saldo del conflictivo periodo postelectoral de julio del 2006, han brotado propuestas que van de la reelección de legisladores a elevar los requisitos para la formación de nuevos partidos, para que su número no crezca desproporcionadamente en perjuicio de la representatividad legítima.

El tema de la política y los medios figuró igualmente de manera destacada en la reforma de 1977. Amerita revisitarse. Los convenios firmados entre el IFE y la radio y la televisión para transparentar gastos de campañas, nos dicen, son voluntarios, no obligatorios, y expresan más un deseo que un requisito. Esto no debe ser así.

El 70% del financiamiento público a los partidos se dirigió a medios electrónicos; son ellos los que contratan los tiempos de transmisión e informan al IFE. En otras palabras la autoridad depende de la parte interesada.

Es indudable que la relación entre medios y política debe pasar por la conveniencia de que el ciudadano que deposita su voto tenga la debida información y conocimiento del candidato y la plataforma que recibirá su apoyo.

Sin embargo, por importante que sea el papel de la información, hay que rendir cuentas y transparentar cada paso del proceso: cuánto cuesta producir, cuánto el tiempo aire, las repeticiones, todo, en aras de un bien que no tiene precio: la democracia.