La lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales ha llevado siglos. Los regímenes jurídicos relativos a la esclavitud, la tortura, las penas trascendentes y la privación de la vida, por ejemplo, fueron suprimidos como consecuencia de movimientos intelectuales, desvinculados de la acción eclesiástica, y algunas veces con cierto apoyo social. La razón se ha abierto cauce con altibajos y dificultades, reafirmando la vocación secular de la sociedad.

Ahora, la cuestión del aborto, que implica ampliar los derechos fundamentales de las mujeres, está conduciendo a un debate donde los argumentos invocados y los protagonistas involucrados pueden poner en peligro el laicismo. Las pugnas entre el poder político y el poder espiritual, características de la Edad Media y de nuestro propio pasado decimonónico, dejaron rescoldos que de cuando en cuando se reavivan. Entre nosotros, el reconocimiento del orden constitucional laico supuso dos guerras civiles, una en el siglo XIX, otra en el XX. Todo indicaba que esta era una disensión superada; empero, hay signos que no pueden ser ignorados.

La respetabilidad de todas las convicciones religiosas está fuera de discusión. En las sociedades organizadas conforme a los principios del Estado constitucional no es admisible la proscripción de credo alguno. Paso a paso, México fue capaz de dar forma razonable a las relaciones entre el poder político y la Iglesia católica. El sistema vigente protege la libertad de creencias en su más amplia dimensión; fue el resultado de una sucesión de difíciles experiencias. La tormenta desencadenada en 1833, con la primera reforma, sólo pareció escampar en 1992, con las modificaciones a la Constitución en materia de relaciones eclesiásticas. Más de un siglo y medio transcurrió para alcanzar la anhelada normalidad.

Lo que ahora se puede poner en riesgo es la paciente labor constructiva que había puesto fin a tan airados tiempos. Sería insensato remover viejas pasiones para suscitar nuevos enconos. Los conflictos con la Iglesia deben quedar en la historia. La polémica alentada por una parte de la curia nacional y la participación de un emisario papal en un debate tan sensible como el aborto son imprudencias que pueden volver a levantar rencillas estériles.

Alentar la radicalización de la sociedad contraría los principios de la tolerancia. Es un error hacer convocatorias que tampoco prosperaron más de un siglo atrás, porque es evidente que el laicismo lo adoptó en el siglo XIX una sociedad católica casi en su totalidad, y lo incorporó a la Constitución de 1857 un Congreso donde sólo había un ateo. La clave estuvo en que aquellos mexicanos no identificaron catolicismo con clericalismo, y comprendieron las virtudes de la tolerancia social y de la secularidad del Estado. Hoy, los dirigentes políticos deben actuar con cautela para no llevar sus convicciones personales, muy respetables, al terreno de las deliberaciones políticas y jurídicas, máxime si las hacen coincidir con un sector eclesiástico radical.

En estas circunstancias, un referéndum sobre el aborto podría tomar derivaciones insospechadas, capaces de generar tensiones desconocidas por las últimas generaciones. El espectro de la pasión, desterrado para bien de nuestra convivencia, asomaría otra vez en el horizonte. Se produciría un pulso entre la Iglesia y la sociedad civil porque, en los términos que se está planteando, el tema central no sería el aborto sino la opción entre un Estado laico o un Estado confesional.

La preservación del Estado laico es una garantía para las libertades. Es comprensible que un partido cuya formación estuvo inspirada por la encíclica Firmissimam constantiam (1937) sea visto por algunos dignatarios eclesiásticos como parte de su feligresía, aunque diste de ser así en numerosos casos. Pero antes de que esta percepción prospere, en perjuicio de las instituciones y de la convivencia civilizada, es deseable que quienes así piensan rectifiquen y pongan en práctica la lección evangélica que deja al Estado lo que es del Estado. Las excomuniones de Hidalgo y de Morelos, y de quienes reconocieron la vigencia de la Constitución de 1857, fueron inconducentes. Sería absurdo que en el futuro nos topáramos con el pasado. Suele decirse de una persona en trance de pasar por una prueba que "está en capilla". Esta es, también, la situación que por ahora presenta el laicismo en México.

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Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM