La libertad de expresión en México está atravesando una crisis profunda, íntimamente vinculada con la guerra que libran los principales cárteles de la droga. La ola de violencia sin precedentes se extiende, alarmante, por todo el territorio mexicano e influye de manera decisiva en el desempeño de la prensa. Los periodistas que investigan el narcotráfico y el crimen organizado están sufriendo directamente las consecuencias de esta batalla sin cuartel.

Según datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), 17 periodistas han sido asesinados en México desde 2000, seis de ellos en represalia directa por su labor informativa. Otros tres se encuentran desaparecidos desde 2005. La mayoría de ellos informaba sobre crimen y tráfico de drogas. Si bien otras organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa manejan cifras distintas -debido esencialmente a diferencias de metodología en la documentación e investigación de casos-, el análisis de la situación es coincidente: en la actualidad no hay otro lugar más peligroso que México para ejercer el periodismo en el hemisferio occidental, además de Colombia.

Pero la espiral de violencia excede con creces el ámbito de los medios de comunicación para transformarse en un problema de raíces profundas que afecta a toda la sociedad mexicana. Los números oficiales son por demás elocuentes: la Procuraduría General de la República ha registrado más de 650 crímenes relacionados con la delincuencia organizada en los primeros tres meses de 2007.

Una de las consecuencias más nefastas de este clima de terror que ha sembrado el narcotráfico es el miedo que genera en los distintos sectores de la población. En la prensa ejerce un efecto doblemente nocivo que provoca como resultado una autocensura generalizada, en especial en las regiones donde los narcotraficantes operan con total impunidad, a la sombra del poder. Existen zonas de México, en la frontera con Estados Unidos por ejemplo, donde los periodistas tienen vedado mencionar los nombres de los traficantes o se ven impedidos de informar sobre la violencia imperante.

Enfrentamientos armados entre organizaciones criminales y fuerzas de seguridad en las calles del centro de Nuevo Laredo, una de las plazas más calientes de la frontera, en ocasiones ni siquiera reciben cobertura en la prensa. En un clima de corrupción generalizada, los narcotraficantes sobornan a funcionarios y policías, pero también a periodistas que cumplen tareas de publicistas para los cárteles de la droga. En la región fronteriza, a los periodistas ni siquiera se les ocurre pensar en la posibilidad de hacer investigación. De eso no se habla.

Aun cuando los periodistas son las primeras víctimas de la autocensura, sus derivaciones se sienten en el resto de la sociedad ya que muchos de los temas que afectan la vida diaria de los ciudadanos mexicanos -narcotráfico, crimen, corrupción, justicia y seguridad- no están recibiendo cobertura adecuada por parte de la prensa. Y la ausencia de debate sobre temas de interés público afecta seriamente el corazón de la democracia.

Tras la irrupción de un comando armado en la redacción del diario El Mañana en Nuevo Laredo, en febrero de 2006, el gobierno del ex presidente Vicente Fox decidió tomar cartas en el asunto al crear una fiscalía especial para investigar crímenes contra periodistas. De ese modo, el gobierno federal mexicano reconoció que la violencia contra la prensa era un problema nacional. Un paso positivo pero claramente insuficiente. Está claro que la sola creación de una fiscalía especial no puede resolver las cuestiones de fondo fundamentalmente porque el sistema de justicia mexicano, tan disfuncional como sobrecargado, se ha mostrado incapaz de conducir investigaciones exhaustivas y ha perpetuado un clima de impunidad que deja a la prensa aún más vulnerable frente a los ataques e intimidaciones.

Lamentablemente la impunidad no es una característica exclusiva de México. Es un mal endémico que se extiende por todo el mundo. Uno de los estudios más exhaustivos sobre periodistas muertos en represalia por su trabajo, divulgado por el CPJ en septiembre de 2006, reveló que 85% de los 580 casos de reporteros asesinados en los últimos 15 años en todo el mundo permanecen impunes. México y Colombia lideran la clasificación de esta siniestra estadística en América Latina.

El principal inconveniente es que esta situación de violencia anárquica se ha extendido, cual enfermedad contagiosa, por casi todo el territorio mexicano. Si bien la libertad de expresión está garantizada en los artículos sexto y séptimo de la Constitución mexicana, el clima de violencia está impidiendo que muchísimos mexicanos -incluyendo en ese grupo a los periodistas- puedan ejercer plenamente ese derecho por temor a la retribución física.

La administración del presidente Felipe Calderón tiene que prestar debida atención a este problema que afecta directamente la capacidad de los ciudadanos de México para buscar y recibir información libremente. Esta cuestión requiere la atención urgente del gobierno federal. No es suficiente condenar el asesinato de un periodista, como bien hizo el jefe de Estado al reprobar el crimen contra el reportero Amado Ramírez, ejecutado el viernes pasado en Acapulco. Ni siquiera basta con anunciar que las autoridades federales cooperarán en la investigación. El gobierno de México debe involucrarse más activamente y tomar medidas rápidas y disuasivas.

La sociedad mexicana requiere una estructura legal que le otorgue un blindaje a la libertad de expresión. Las autoridades no pueden dejar que los mexicanos se inhiban de comunicarse entre ellos por temor a la violencia: el gobierno federal debe asumir su responsabilidad de proteger a los periodistas que se encuentran bajo amenaza. El gobierno debe actuar en forma oportuna y apoyar legislación que castigue como crimen federal a quienes intenten privar a los mexicanos de ejercer su mandato constitucional a la libre expresión.

Coordinador del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York