Imponer una pena de 40 años de prisión al autor de un secuestro exprés no viola la Constitución de México, según resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo jurídico que intenta contener la comisión de ese delito. Desde otro de los poderes, la Presidencia de la República, se busca igualmente frenar una delincuencia agravada a través de unificar códigos penales.

Cerrar resquicios para los delincuentes que tanto daño nos hacen, desde cualquier ámbito de gobierno, es una tarea necesaria. La pena de 40 años estaba reservada para los homicidas con agravantes, pero el Código Penal para el Distrito Federal fue reformado en febrero del año pasado para aplicarla también a quienes cometen secuestros breves. Un convicto solicitó amparo por considerar que la sanción era excesiva; la Suprema Corte rechazó su solicitud.

La determinación es de considerable valor en vista de la incidencia de ese delito, al que recurren, junto con los asaltos y el robo de automóviles, narcotraficantes que han padecido recientemente la merma de sus utilidades por la competencia de la drogas sintéticas.

Sin embargo, después de apreciar los méritos de la resolución, debemos resaltar la penosa realidad que daña nuestro sistema de justicia: la impunidad y la corrupción. ¿De qué servirán penas endurecidas y unificadas, si más de 95% de los procesos delictivos en México concluyen sin sentencia? No basta con endurecer las penalidades, si esto conduce cínicamente a encarecer las evasiones.

Una víctima que describe el secuestro como "morir mil veces", expone con fidelidad la angustia y el terror de un ser inerme que no sabe si va a vivir el siguiente minuto o será asesinada.

Ante esto, las excusas ya no valen. Han pasado tres sexenios, desde el de Ernesto Zedillo hasta el actual, en los que se ha anunciado que "ahora sí" se revisará el sistema judicial federal y estatal para frenar a la delincuencia. No se ha logrado.

El pasado 9 de marzo, el presidente Felipe Calderón Hinojosa sometió al Congreso una iniciativa para unificar la legislación penal en todo el país, esta operación, que debe ser respetuosa del federalismo, igualmente tendría que aplicarse de tal forma que se cierren los resquicios legales hoy utilizados por los infractores de la ley y sus abogados.

Es probable que en algunas entidades se resista la iniciativa por la sola razón de las diferencias políticas. No es tiempo para mezquindades con algo tan serio, se debería juzgar la propuesta por sus méritos y no por su origen porque las autoridades de gobierno emanadas de todos los partidos políticos deberían estar interesadas en proteger a los ciudadanos que los eligieron.

El Poder Ejecutivo debe actuar con sensibilidad frente a las realidades particulares de los estados, y convencer de la pertinencia y ventajas de la propuesta a sus pares, no imponerla desde la desconfianza.

En cuestiones de seguridad no hay tiempo que perder, las decenas, de víctimas de delitos de todo tipo cada día así lo exigen. Las reformas a la ley, provengan de la instancia de autoridad de donde provinieren, son uno de esos campos donde es deseable aplicar la sabiduría de frases como "Despacio, que llevo prisa" y "Confía, pero verifica".