Siempre es mala idea evadir la transparencia informativa desde el poder público, pretender correr velos sobre actividades de funcionarios. Peor aún intentar el regreso a la caduca filosofía de "no pago para que me peguen", en las relaciones del poder con la prensa. La transparencia y rendición de cuentas no son optativas, como no debe serlo el uso discrecional de recursos públicos. No se coloca publicidad en función de filias o fobias.

¿Qué secretos hay detrás de la agenda pública de Santiago Creel que se pretende reservar hasta por 12 años? No hay duda de que algunas de sus obligaciones tuvieron qué ver con la seguridad nacional y con el mantenimiento de la paz social, que pudieran servir de argumento para vedar su conocimiento: terrorismo, guerrilla, narcotráfico, altos secretos de Estado, riesgo de algunas vidas o peligro para la estabilidad financiera de la nación. Pero ¿todas sus actividades, itinerarios, giras y eventos se relacionaron con tales temas? Improbable. Más extraño resulta que las llamadas "reuniones coyunturales" del citado ex funcionario sean las que mayor veda recibieron.

El país ha ganado espacios de libertad invaluables a lo largo de las últimas décadas. Medios de comunicación más plurales y una cultura de la transparencia informativa para quienes manejan recursos públicos no han sido objetivos fáciles de alcanzar, pero mal que bien, aunque perfectibles, avanzan.

Por eso hoy no se conciben decisiones que viajen en sentido contrario, hacia la opacidad.

La tentación autoritaria de cerrarse está siempre presente. No informar, no tener relación con quien en su línea editorial no coincide con uno, busca el mismo propósito: acotar el derecho a la información de la sociedad.

Véase si no el infausto capítulo que vive España con un Partido Popular -hoy oposición, no gobierno- arengando a los suyos en contra del grupo de medios Prisa, al que le ha impuesto un absurdo boicot informativo por discrepar de las opiniones de sus directivos.

Esos tiempos de la amenaza de cerrar la billetera y blandir el garrote deben estar erradicados en cualquier democracia, desde luego en México, donde tantos observan a España como modelo, bien haríamos en no buscar la reedición del condicionamiento de la entrega de información y/o publicidad a cambio de lealtades malentendidas. Que ninguna instancia pública vete información; que nadie presione a los medios.

Cada quien tendrá que establecer sus propios códigos deontológicos; los periodistas haremos los nuestros y seremos juzgados de acuerdo con el cumplimiento de principios éticos. Los políticos a lo suyo, en el Senado de la República, por ejemplo, debaten una ley que combatirá el conflicto de intereses de funcionarios y legisladores, para que sus actividades profesionales no se presten a suspicacias en el ejercicio de sus responsabilidades públicas y luego tengan que ser escondidas o reservadas.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, una de las instancias más opacas del espectro legislativo del país, firmará convenios con el Instituto Federal de Acceso a la Información y con el Infodf, para abrir sus expedientes. Ése es el camino, el de la apertura, no el de la cerrazón.