La Ley para la Reforma del Estado representa el compromiso de las fuerzas políticas nacionales para modificar la estructura del poder y así adoptar una nueva relación entre gobernados y gobernantes.

A lo largo de los meses venideros se animará un amplio debate sobre la organización y el funcionamiento de los órganos del poder. Estos temas no se han discutido en el Congreso, con todos sus profundos alcances, desde 1917. Sin tener que elaborar una nueva Constitución, que habría sido un error, los efectos prácticos del ejercicio que se avecina se parecerán mucho a ese resultado.

Hace unos años, en Argentina, se tomó la decisión de reformar la Constitución de 1853. El ejercicio fue ejemplar, y aunque sólo se trató de una reforma, alcanzó tal dimensión que, para efectos políticos, es común aludir a la Constitución de 1994.

Entre nosotros, en los 90 años transcurridos desde el Congreso de Querétaro, se han producido numerosos cambios, muchos de gran importancia. Desde esta perspectiva la experiencia que se avecina nos resulta familiar; empero, el método adoptado ahora es nuevo por completo, y sus posibles implicaciones no tienen precedente en las nueve décadas previas.

Al comenzar el gobierno anterior, como parte de una inercia comprensible, la sociedad esperó del presidente la iniciativa para reformar las instituciones. Por razones que ya no vale la pena examinar, el presidente dejó escapar la oportunidad que se le brindaba. Los demás dirigentes tampoco asumieron su responsabilidad, y todo quedó en expresiones de frustración. Sin proponérselo, el personalismo presidencial comenzó a decaer, y de manera inadvertida abrió posibilidades impensadas a la democracia.

La elección de 2006 cimbró los cimientos políticos nacionales y puso a la sociedad en circunstancias de ofrecer una notable muestra de madurez cívica. En el proceso se encresparon los ánimos, pero sin violencia; los mexicanos demostramos, esta vez, que sí estamos aptos para la democracia. Lo más relevante fue que la clase política cambió su actitud y aceptó el reto. Así lo han mostrado legisladores y partidos políticos al dar forma a una ley que tendrá una importancia mucho mayor de la que hasta ahora se le atribuye.

La ley implica que el eje de la reforma será el Congreso, no el presidente. Este es un giro copernicano en la tradición política mexicana, pues denota que, ¡al fin!, estamos en camino de superar el patrón cultural del paternalismo. Por primera vez en nuestra historia constitucional la reforma de las instituciones no obedece a un impulso presidencial o caudillista, ni es consecuencia de un ajuste revolucionario. A este hecho debe sumarse que, con excepción de los actos constituyentes, en el país nunca se había convocado a un cambio de la magnitud que ahora se prevé.

En cuanto a grandes reformas constitucionales, nuestras experiencias siempre estuvieron centradas en temas específicos: electoral, municipal, federal, laboral, agrario, indígena, por ejemplo. La mayor amplitud se registró en 1977, cuando al empalmar la reestructuración del Congreso con un nuevo sistema electoral, hablamos de reforma política. Ahora el objetivo es mucho mayor: se trata de la reforma del Estado. Esta expresión puede ser polémica, pero nos permite englobar un proceso de cambio que incluye la organización y el funcionamiento de los órganos del poder, y sus relaciones con la sociedad.

Una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM explica hasta qué punto se ha diluido la percepción de la Constitución. Es previsible que haya un cambio de actitud, porque el debate sobre las reformas reforzará el interés por la norma suprema y la convertirá, en el curso de los próximos meses, en centro del interés nacional. Este hecho, de suyo valioso, tendrá un efecto adicional: no permitirá que los representantes de la nación den marcha atrás al proceso que iniciaron.

Desconozco si todos los legisladores están conscientes de lo que su acción significa para el país y para ellos mismos. Tal vez todavía no se hagan una idea clara de la trascendencia de su decisión, pero pronto advertirán que han abierto un cauce a la imaginación y a la vocación innovadora de nuestra sociedad que ya no podrán enclaustrar otra vez. Que sea para bien.

diegovalades@yahoo.com.mx

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM