El siglo XXI no ha cumplido con las expectativas ciudadanas que se vislumbraban en las postrimerías del anterior. Durante décadas, sobresalieron los regímenes prosoviéticos como arquetipos del autoritarismo, incompatible con la vigencia de los derechos humanos. A contrapunto, las democracias occidentales postulaban un respeto irrestricto a ese código, creando figuras garantes como el defensor del pueblo y el ombudsman. La caída del muro de Berlín no significó, como decían los teóricos, una eliminación radical de prácticas violatorias, claramente contrarias al fortalecimiento de las libertades fundamentales.

Los reacomodos geopolíticos que se dieron con el fin del mundo bipolar estuvieron asociados a movimientos cuya motivación era acceder a la independencia con base en argumentaciones étnicas, religiosas o territoriales. No discuto la validez de estos principios, ya que la supuesta integridad de muchos estados se mantenía artificialmente usando la fuerza. La unidad era una ficción. El sano reconocimiento al aceptar esta realidad, proceso que aún no concluye como lo muestran los justos reclamos indígenas en América Latina, fue un paso en la buena dirección que evitó conflictos innecesarios. La negativa, por el contrario, ha implicado guerras civiles de gran crudeza, como fue el caso de la antigua Yugoslavia, que 18 años después sigue con asignaturas pendientes de alto costo humano.

Las prácticas actuales de intolerancia son aún más preocupantes, ya que las argumentaciones con frecuencia sólo se explican con base en la intransigencia. Los atentados terroristas en EU, España, Inglaterra y los disturbios en Francia fracturaron en forma determinante el régimen de los derechos humanos que caracterizaba a esos países. El Acta Patriota y la legislación que sustenta representan un retroceso innegable anulando al ciudadano para que domine el Estado. El argumento de preservar la seguridad nacional se convierte en la garantía de este predominio. Es la misma línea de justificación que explica el muro para detener la migración indocumentada o las deportaciones masivas que realizan varios gobiernos europeos.

Las obsesiones por purificar los países también generan otras variantes, como en el caso de Polonia, donde se aprobó una ley en días pasados que crea el Instituto de la Memoria Nacional, nombre escalofriante bajo el cual se le faculta para investigar y en su caso castigar a 700 mil polacos que deben obtener un "certificado de limpieza política". Periodistas, funcionarios, directores de escuela y profesores universitarios nacidos antes de 1972 tienen dos meses para confesar si colaboraron con los servicios secretos del régimen comunista que prevaleció hasta 1989. Es interesante observar la indiferencia hacia esta legislación por parte de los órganos pertinentes de la UE, normalmente rigurosos hasta con quiénes pretenden tener vínculos comerciales con ellos. Nadie puede justificar una cacería de brujas que escudriña las conciencias. Esta actitud es incompatible con un gobierno contemporáneo, obligado a seguir los lineamientos que postula la UE. No se puede justificar una acción de este nivel apoyada en las evidencias de la policía política ya desaparecida, ni siquiera con el argumento de que la vida pública está contaminada por funcionarios que se han beneficiado previamente de un régimen corrupto.

Enfrentar una herencia totalitaria con medidas dignas de esa etapa ya superada resulta inaceptable. Si como es de suponerse muchos polacos en efecto tuvieron vínculos voluntarios o forzados con los órganos de seguridad, la premisa que debe prevalecer es la reconciliación y no la venganza irracional como señala esta ley. La democracia no se defiende con medidas miopes, sino construyendo una sociedad justa y competitiva. Cualquier ajuste de cuentas de este corte debe ser reprobado por sus socios europeos y la sociedad internacional.

Es este doble rasero y la utilización de los derechos humanos como arma de negociación política lo que debilita a los organismos internacionales encargados de su supervisión. Estos casos, así como la injerencia rusa en Chechenia, la china en el Tibet o la exigencia del Partido Popular español a favor de una línea extremista en la crisis etarra, deberían ser tema de preocupación de quienes concentran su atención en países sin capacidad de respuesta política. Las expresiones de intolerancia deben ser repudiadas sin importar la fuerza del gobierno que las patrocine. La comunidad de naciones no puede premiarlas con el silencio y la impunidad.

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Vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales