Idealmente, una vida laboral digna y productiva debe culminar con una justa pensión como premio. Pero en una era en la que la expectativa de vida se alarga, los recursos acumulados para tal fin van siendo insuficientes: crecen más los nuevos jubilados que los trabajadores activos. En este dilema se debate el sistema de pensiones en el país -ISSSTE e IMSS incluidos- y su solución debe descargar de gastos al erario, pero también hacer justicia a los trabajadores.

El fenómeno no es privativo de México, sino mundial. Sencillamente, los supuestos sobre los cuales se hicieron los cálculos actuariales de jubilación, con un mínimo de 50 años, resultan completamente desfasados ahora, cuando el promedio de vida rebasa los 70. El problema es real, enorme y amenaza a la economía del país en su conjunto. No puede pasar más tiempo sin que resolvamos este asunto.

Pero, ¿cómo ajustar pensiones sin lesionar derechos? Para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la solución proyectada por los técnicos de la Secretaría de Hacienda y apoyada por las diputaciones de PAN y PRI es aumentar paulatinamente los límites de edad y los años de servicio como requisitos de jubilación para nuevos trabajadores, sin afectar los derechos adquiridos por los actuales.

Analistas del tema incluso prevén que la salida lógica a este dilema sea individualizar las cuentas de los trabajadores, para hacerlas equivalentes a las Afore, que detentan el resto de trabajadores.

En ese caso, es probable que las administradoras de fondos para el retiro signifiquen beneficios deseables y modernizaciones convenientes, pero no sin vigilar que las tasas cobradas por los bancos se moderen y en cambio los intereses ofrecidos sean razonables. De otra manera sería un monumental negocio para la banca, sin que los trabajadores se beneficien gran cosa.

La reforma al ISSSTE, que discuten actualmente los diputados y probablemente presenten hoy en comisiones para votar luego en el pleno, es de tal importancia que debe ser analizada con serenidad, a fondo y por todos los grupos parlamentarios, ya que de no hacerlo así, la legislación estaría viciada de origen, al ser producto de una práctica en la que se excluye a quienes blanden argumentos en su contra. No es sano para el debate parlamentario tal despropósito.

Los expresados temores de una privatización merecen una respuesta convincente. No son ya estos tiempos de simulaciones ni de engaños, pero la confianza de los ciudadanos en sus instituciones sólo puede sustentarse en la credibilidad que proporcionan las acciones claramente dirigidas al beneficio indudable de los trabajadores.

En el fondo, las pensiones son un ejercicio de solidaridad social de los trabajadores de las nuevas generaciones con quienes los precedieron en los mismos cargos y con las mismas funciones. Salvar al ISSSTE se justifica por hacerse en beneficio de quienes son su razón de ser: los trabajadores de todas las edades.

Las autoridades deben ser un intermediario responsable en esta práctica fraterna que permite que quienes dedicaron su vida al servicio público puedan terminar sus días tranquilamente, seguros de que tienen un sustento honorablemente merecido.