¿Es correcto que, en la administración pública, alguien gane más sueldo que el del Presidente de la República? De acuerdo con la Ley de Salarios Máximos aprobada ayer por el Senado de la República no lo es. Pero hay quienes piensan, como por ejemplo los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que la medida es innecesaria. Ambas posiciones defienden el concepto de percepciones dignas y justas, pero el monto que consideran para ello difiere mucho.

De acuerdo con el tabulador de servidores públicos, el jefe del Poder Ejecutivo percibe un ingreso neto mensual de 151 mil 969 pesos mensuales, en tanto que el presidente del Tribunal Electoral, incluidas todas sus prestaciones, es de 375 mil pesos y el del presidente de la Suprema Corte 403 mil pesos.

El presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, defendió el derecho constitucional que los juzgadores tienen de mantener sin reducción sus salarios, que deben asegurarles un retiro digno de su encargo. La defensa se finca en la creencia de que los buenos sueldos, junto a la inamovilidad, garantizan que los juzgadores se dediquen de tiempo completo a su tarea, sin temores de corto plazo o sin miedos a las fuerzas exteriores que pretendan influir en sus actividades.

Vale decir, sin embargo, que los mismos argumentos servirían también para defender un alto sueldo para el Presidente de la República, pero la tendencia indica que el monto asignado alcanza para cubrir las necesidades básicas del mandatario, su familia y gastos generales, muchos de los cuales corren por cuenta de la Presidencia.

Acaso el debate real deba girar en torno a lo que se considera un sueldo remunerador, acorde con las condiciones salariales reales del país, pasadas por el tamiz de la sensibilidad política que, con tacto, determine dónde termina lo necesario y dónde comienza lo superfluo. Nadie pide que los funcionarios públicos padezcan penurias, ni sean sometidos a indignidades en un ánimo populista o de revancha social.

En tanto usufructuarios de ingresos provenientes del erario público, los funcionarios han de cuidar los mismos y no usarlos en excesos, por lo que deben ser doblemente cuidadosos de no dispendiarlos. Por eso es importante que tanto los miembros del Poder Judicial, como los de Poder Legislativo, para quienes la transparencia administrativa suele ser un bocado duro de pasar, asuman la obligación de revisar a detalle y con realismo su propia situación patrimonial.

Por eso sorprende que, inmersos en este debate, nos encontremos con aparentes excesos que deben ser explicados por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde se habrían comprado cafeteras de 25 mil pesos, sillas de 10 mil y diccionarios de 5 mil.

La racionalidad administrativa es un exigencia de la convivencia justa en sociedad, lo que los especialistas en Derecho deben entender con facilidad. Cada vez que acabamos con un coto de privilegio nos acercamos más a una sociedad de relaciones equitativas, sin regímenes de excepción y, por lo mismo, sin oportunidad para los resentimientos.